El Tribunal Constitucional luso considera discriminatorios los recortes salariales aplicados en Portugal a los funcionarios públicos y pensionistas y no al sector privado, pero no impedirá que la medida se aplique este año. El dictamen, divulgado ayer, obligará al Gobierno a adoptar nuevas medidas de austeridad o extender los recortes a la empresa privada para cumplir en 2013 la reducción del déficit fiscal comprometida en el rescate financiero que obtuvo en 2011.

El Ejecutivo suspendió desde 2012 -en principio hasta 2015- las pagas extras de verano y Navidad a los funcionarios públicos y los pensionistas. La medida, una de las adoptadas para reducir el gasto público, fue muy contestada desde la oposición de izquierda, que la recurrió, y los sindicatos. Ayer pidieron su anulación inmediata y que no se extienda al sector privado.

El primer ministro, Pedro Passos Coelho, consideró que los presupuestos del Estado para 2013 deberán incluir medidas de ahorro «equivalentes» a la cuestionada por el Tribunal y aplicables a todos los ciudadanos.

La decisión del Constitucional, que obligará a cambiar las medidas gubernamentales anticrisis, fue respaldada por nueve de sus doce magistrados.

El Tribunal argumenta que el «principio de igualdad» debe aplicarse a todos los ciudadanos a la hora de ayudar a sustentar las cuentas públicas y señala que los recortes salariales a los funcionarios suponen «la imposición de un sacrificio adicional que no tiene equivalente para el resto de ciudadanos».

La suspensión de las dos pagas extraordinarias anuales a funcionarios pensionistas, aplicada a partir de los 600 euros de retribución, puede llegar hasta el 100%, en función de los ingresos del beneficiario.

La medida, que permitirá al Estado ahorrar unos 2.000 millones de euros, es «temporal», según el Gobierno, que confía en eliminarla gradualmente a partir de 2015, aunque sin comprometer una fecha para la recuperación completa de ambas pagas.

Esa reducción salarial, junto a medidas generales como la reducción de días festivos y de vacaciones, fueron parte de los varios paquetes de austeridad aprobados por el Ejecutivo para reducir el déficit fiscal desde que llegó al poder en junio de 2011.

El Constitucional decidió que su resolución no se aplique este año porque el ejercicio financiero de 2012 se halla «en un estado avanzado» y se pondrían en riesgo los objetivos presupuestarios.

Los sindicatos lusos y el Partido Comunista cuestionaron que el Tribunal no haya invalidado este mismo año los recortes que considera inconstitucionales.