Falsificación de cuentas y balances, administración desleal o fraudulenta, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida. Son algunos de los delitos que la Fiscalía de la Audiencia Nacional imputa a los expresidentes de Bankia y Bancaja Rodrigo Rato y José Luis Olivas, al exministro Ángel Acebes y a una treintena de exconsejeros del grupo y su matriz, BFA, y que, en principio, conllevan penas de prisión de entre uno y seis años.

Según las fuentes jurídicas consultadas, la intención del juez es comenzar a tomar a finales de este mes declaración a los imputados y ha fijado para el próximo 23 de julio una vista para determinar si procede intervenir judicialmente a la entidad y sustituir a los actuales gestores por un administrador.

Pese a que la decisión de la Audiencia Nacional constituye un paso sin precedentes en la investigación de los escándalos financieros, no hay que perder de vista el detalle de que las imputaciones no fueron propuestas por la Fiscalía. Pese a que es cierto que solicitó que se admitiera a trámite la querella, consideraba que no se podían imputar conductas delictivas sobre los acusados por el mero hecho de su pertenencia al consejo, aunque los hechos merecieran una investigación penal.

Otro detalle que no se puede obviar es que el proceso ha arrancado como consecuencia de la indignación que ha generado el anuncio de «rescate» de unas entidades cuya gestión se ha caracterizado por la ocultación de agujeros contables, el pago de indemnizaciones millonarias a sus exdirectivos o la comercialización de participaciones preferentes a clientes que desconocían sus riesgos.

Es decir, la iniciativa no ha partido de instituciones públicas como la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el fiscal general del Estado o el Banco de España. En su lugar, han sido los inversores particulares, distintas asociaciones y algunos partidos políticos los que han presentado las demandas.

Es el caso de la que ha motivado las imputaciones, que partió de UPyD, formación que ha sabido aprovechar la indignación ciudadana y cuya portavoz en el Congreso, Rosa Díez, afirmaba orgullosa que su partido tiene la «satisfacción del deber cumplido».

Más denuncias

Pero la querella de UPyD no es el único procedimiento al que se enfrenta la entidad financiera, que ya ha recibido denuncias del movimiento 15M y Adicae y del grupo ultraderechista Manos Limpias.

El movimiento 15M presentó el 14 de junio ante la Audiencia Nacional una querella contra BFA y los miembros del consejo de administración, entre ellos Rato, por falsedad contable y estafa mercantil. Según los indignados, el banco falseó sus cuentas cuando salió a bolsa en 2011 para captar capital, por lo que solicitan penas de entre 1 y 6 años para los gestores de Bankia, inhabilitaciones y las multas correspondientes.

Por su parte, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) presentó el 15 de junio un escrito ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el que denunciaba que Bankia habría intentado «manipular» a pequeños accionistas.

Y la siguiente semana, el 21, Adicae se personó como acusación popular en la causa penal abierta ante la Audiencia contra antiguos directivos de Caja Castilla-La Mancha (CCM), la primera de las intervenidas, en el año 2009.

Al margen de estas denuncias, la Fiscalía Anticorrupción ha abierto hasta el momento diligencias para investigar posibles irregularidades en una decena de entidades, entre ellas Novagalicia, CatalunyaCaixa, Banco Valencia, Caja Mediterráneo, Caja España, Caixa Penedès o Caja Castilla La Mancha (CCM).

Los dos casos que más alarma social causaron fueron los de Caja Mediterráneo y Novagalicia, en los que se está investigando si algunos de sus directivos se concedieron generosos sueldos, indemnizaciones y pensiones -cuyo montante ascendió a 30 millones de euros-, pocos meses antes de que sus respectivas entidades fueran intervenidas o nacionalizadas.

El caso que más avanzado está en términos judiciales es el de Caja Castilla La Mancha. Su expresidente, Juan Pedro Hernández Moltó, y otros consejeros y directivos fueron sancionados por el Banco de España por su mala gestión al frente de CCM. En diciembre de 2010, se inició un procedimiento judicial en la Audiencia Nacional, aunque la fiscalía ya reconoce que ni Moltó, ni el ex director general, Ildefonso Ortega, se enriquecieron por la gestión.

Comisión de investigación

Mientras tanto, los grupos de la oposición en el Congreso de los Diputados, algunos de ellos también con miembros imputados -como PSOE e IU- han pedido que se establezca una comisión de investigación sobre la crisis financiera.

También el portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, se mostraba a favor de ello al señalar que hubiera preferido que antes de acudir a la vía judicial se hubieran «depurado responsabilidades políticas» en la Cámara legislativa.

Pero esta posibilidad parece improbable después de que el portavoz parlamentario del PP, Alfonso Alonso, dejase claro que «la fórmula más adecuada» para conocer lo que ha ocurrido no es la de la comisión de investigación.