Egipto seguía ayer inmerso en el seísmo político provocado por la decisión de su presidente, el islamista Mohamed Morsi, de revocar la orden del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA) de disolver el Parlamento, controlado por los islamistas, en aplicación de una sentencia del Tribunal Constitucional del 14 de junio que anuló las elecciones legislativas y disolvió la Cámara, al estimar que un tercio de sus miembros fue elegido de manera ilegal.

Algunos sectores dieron la bienvenida a este desafío al Ejército -«jaque mate», en palabras de medios locales-, mientras otros lamentaron lo que tildaron de «golpe de Estado constitucional» que «indica una falta de respeto a la democracia» y un «desprecio al poder judicial», e instaron al presidente a respetar las decisiones de la Justicia.

Morsi, el primer mandatario civil cuyos poderes quedaron muy limitados tras la controvertida declaración constitucional complementaria que el CSFA emitió nada más cerrarse las urnas de las elecciones presidenciales, retó a los estamentos militar y judicial, que ayer defendieron una decisión que permitió al Ejército atribuirse el poder legislativo mientras el Parlamento esté disuelto.

El decreto promulgado por Morsi insta al Parlamento a ejercer sus funciones y prevé la convocatoria de elecciones legislativas anticipadas 60 días después de que la aprobación en referendo de la nueva Constitución y de la adopción de una nueva ley que regule el Parlamento.

Hoy, sesión parlamentaria

El presidente de la Cámara Baja del Parlamento, Mohamed Saad Katatni, del Partido Libertad y Justicia (PLJ), atendiólo ordenado por Morsi y, desafiando al Ejército ha convocado una sesión hoy al mediodía para estudiar la legitimidad y la repercusión de esa decisión.

Para ayer también estaba programado que el Tribunal Supremo Administrativo analizara si la Corte Constitucional tiene competencia para fallar la anulación de los comicios legislativos, pero aplazó la vista tras el anuncio realizado por Katatni. Un pronunciamiento absurdo para muchos, ya que la decisión del Constitucional es definitiva al haber sido publicada en el boletín oficial.

El Tribunal Constitucional recordó ayer a Morsi que sus fallos son «definitivos, vinculantes e inapelables» y de obligado cumplimiento para «todas las autoridades del Estado y para todos».

Añadió que «no es parte de ninguna disputa» -entre el CSFA y los Hermanos Musulmanes-, y defendió su independencia al asegurar que seguirá actuando para supervisar la constitucionalidad de las leyes y evitar toda «agresión o violación» contra los textos constitucionales.

Ante el comunicado del Tribunal, el portavoz de la Presidencia, Yasser Ali, sostuvo que el decreto no contradice el fallo judicial sino que «garantiza su realización», y negó conflicto alguno entre el presidente y la judicatura.

El CSFA, por su parte, defendió su orden de disolver el Parlamento en cumplimiento de la sentencia judicial y apeló a respetar la Constitución y la ley para «mantener la posición del Estado egipcio y el respeto a su pueblo».

Los militares aprovecharon la ocasión para defender sus enmiendas constitucionales complementarias, cuyo respeto reclamaron, porque «garantizan determinar las misiones de las instituciones del Estado y del CSFA hasta la aprobación de una nueva Constitución».

Respeto a la Justicia

La decisión de Morsi recibió aplausos y críticas. La mayoría de políticos seculares criticaron el monopolio del poder por parte de los Hermanos Musulmanes y aseguraron que «nos guste o no, Morsi debe respetar las decisiones de la Justicia».

La censura fue general entre los principales candidatos presidenciales y políticos como el exdirector de la Agencia Internacional de la Energía Atómica y premio Nobel de la Paz, Mohamed ElBaradei, que finalmente se descolgó de la carrera presidencial, para quienes se trata de «un golpe de Estado constitucional».

«Insulto a la ley», «desperdicio de autoridad legal», «decreto inconstitucional que abre las puertas a la ruptura del Estado», fueron algunas de las valoraciones realizadas por los candidatos.

ElBaradei, por su parte, afirmó que el decreto de Morsi muestra «desprecio por el poder judicial, coloca a Egipto en coma constitucional y crea un conflicto entre las instituciones».