La izquierda mexicana ha interpuesto un recurso ante el Instituto Federal Electoral donde documentan múltiples irregularidades en las elecciones presidenciales. La compra y coacción del voto, rebasar en miles de millones de pesos los topes de gasto electoral, la utilización de caudales públicos de gobiernos estatales del PRI, la proliferación de encuestas manipuladas... una serie de graves violaciones de principios constitucionales en materia electoral que han llevado a pedir la invalidación de las elecciones. Todo indica a que las elecciones no fueron ni tan libres ni tan soberanas como se presume. En realidad, fueron un simulacro democrático que no puede ocultar que fueron compradas. Crear la pobreza y luego manipularla, convirtiendo el voto en un comercio, distribuyendo masivamente tarjetas de compra de supermercados y bancos que apoyan al candidato Peña Nieto, es un comportamiento que debe investigarse hasta las últimas consecuencias. Y si procede la nulidad, llevarla a cabo con la mayor celeridad.

El pueblo mexicano no puede ser burlado dos veces. Primero aprovechándose de su pobreza y luego imponiéndole un gobierno ilegítimo. Retorcer así la voluntad de un país no es de recibo.