Lakua ha ahorrado más de 120 millones al retirar escoltas
Pese a las indemnizaciones, entre los años 2011 y 2012 la reducción de escoltas privados contratados por la Consejería de Interior ha supuesto un ahorro para las arcas públicas de 120 millones
Iñaki IRIONDO | GASTEIZ
El coste de los escoltas privados en enero de 2011 para el Gobierno de Lakua era de 8,02 millones mensuales. En la actualidad, el coste presupuestado es de 1,33 millones al mes. La paulatina reducción de los servicios privados de seguridad supone que a finales de este año el Departamento de Interior habrá ahorrado más de 120 millones de euros en el contrato adjudicado en noviembre de 2010 y prorrogado con una fuerte reducción este 26 de junio.
El 14 de noviembre de 2010 el Gobierno autonómico adjudicó el servicio de protección de personas a un total de nueve empresas que, en distintos lotes, se repartieron un contrato conjunto de 144,4 millones de euros. En ese momento había en servicio 977 escoltas privados, que en enero de 2011 llegaron a ser 1.085.
Sin embargo, según un escrito remitido el 19 de diciembre de 2011 a la Consejería de Interior por los responsables de Casesa, Segur Ibérica y Coviar, la Administración decidió pronto y de forma unilateral ir reduciendo servicios, en una actuación que consideran «absolutamente imprevisible y contraria a la confianza generada en las empresas durante el proceso de licitación». La Viceconsejería de Seguridad reconoce que en esas fechas el número de escoltas privados se había reducido ya a un tercio, aproximadamente, quedando en 351. Con la decisión de ETA de abandonar la lucha armada, el número siguió cayendo en los meses de febrero, marzo y abril.
Resolución parcial del contrato
Estas tres empresas mostraron su deseo de poner fin a los contratos, exigiendo fuertes indemnizaciones por los perjuicios ocasionados por la reducción de los servicios. Finalmente aceptaron el 10% que establece la ley. Proponían, además, que los 78 escoltas que mantenían en esos momentos pasaran a la empresa Ombuds, que estaba dispuesta a seguir con los servicios. Así se hizo. De esta forma se ahorraban esos despidos.
Con ese acuerdo, cerrado el 28 de febrero, Lakua, en lugar de gastar los 144,4 millones previstos en el contrato, gastó 88,4 millones. Lo que supone un ahorro de 56 millones.
La empresa Ombuds se hizo cargo de todos los «servicios residuales» de las siete empresas que aceptaron el acuerdo. Sabico, por su parte, siguió con su contrato inicial.
Prórroga hasta diciembre
El contrato adjudicado el 14 de noviembre de 2010 tenía una vigencia de 18 meses, por lo que caducó el pasado 15 de mayo. En lugar de iniciar un nuevo proceso de adjudicación, el Gobierno de Lakua acordó el 26 de junio una prórroga hasta diciembre de este año.
El presupuesto para estos siete meses y medio es de 10 millones de euros. Una caída del 83,4% sobre el contrato inicial. Esto supone otro ahorro de 50,15 millones entre el 15 de mayo y el 31 de diciembre.
A ello deben añadirse los ahorros que se fueron sumando entre la resolución parcial del contrato en febrero y el 15 de mayo, lo que da una cifra superior a los 120 millones de euros (que, si alguien quiere recordar, son 20.000 millones de pesetas).
El número de escoltas privados pagados por Lakua se redujo a un tercio en 2011, pasando de 1.085 en enero de ese año a 351 doce meses después. Hoy, la cifra es aún menor. El coste ha caído de 8,02 millones al mes a los actuales 1,33 millones. Una reducción del 83,4%.
Tres de las empresas más importantes lideraron en diciembre una «rebelión» contra Interior pidiendo fuertes indemnizaciones. Aceptaron el 10% legal y que Ombuds subrogara los 78 escoltas de los 57 servicios que les quedaban.
Con el pago del 10% del beneficio no obtenido, Lakua indemnizó a estas siete empresas con 4,33 millones de euros, repartidos proporcionalmente a los servicios que tenían adjudicados. Por ejemplo, Castellana de Seguridad (Casesa) tenía un contrato inicial de 46,5 millones de euros, de los que debido a la reducción facturó solo 27,8. La indemnización del 10% restante fue de 1,9 millones. Segur Ibérica se llevó una indemnización de 1,04 millones y Coviar de 663.150 euros. Entre los escoltas hay numerosas quejas sobre las condiciones en las que se han producido los ERE y los despidos. Además, subrogados a Ombuds han terminado también en la calle. I.I.
