La coalición mexicana de izquierda Movimiento Progresista, cuyo candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, obtuvo, según los datos difundidos por el Instituto Federal Electoral (IFE), un 6,62% de votos menos que su rival del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Peña Nieto, ultimaba ayer el recurso que iba a presentar ante los tribunales para pedir la invalidación de los comicios por «violación de los principios constitucionales» y exigir la celebración de nuevas elecciones. Estaba previsto que López Obrador ofreciera una rueda de prensa a las 18.00 (01.00, en Euskal Herria), para resumir sus argumentos y ofrecer las pruebas que presentaría ante las autoridades electorales unas horas después.

Según explicó el miércoles Ricardo Monreal, coordinador de la campaña de López Obrador, la izquierda mexicana considera que en las últimas elecciones presidenciales «se violaron los principios de certeza, de imparcialidad, de equidad, de objetividad y de profesionalismo». «Lo que estamos alegando es que se violó la Constitución», añadió Monreal.

El plazo oficial para impugnar las presidenciales concluía a medianoche de ayer (hora local) y se preveía que el Movimiento Progresista agotaría casi al máximo ese tiempo para presentar sus impugnaciones ante el IFE en relación a unas elecciones que se han visto salpicadas por muchas dudas. A partir de entonces, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tendrá hasta el 6 de setiembre para resolver si Peña Nieto ganó limpiamente en las urnas o si hay razones para anular parcial o totalmente los comicios.

López Obrador, que había anticipado que pediría el recuento de todos los votos, ha denunciado presuntas irregularidades durante la campaña, como la compra de más de 5 millones de votos, suficientes para asegurarse la victoria, por parte del PRI, cuyo candidato ganó los comicios con el 38,21% de los sufragios, frente al 31,59% que consiguió el candidato de la izquierda. Acusa también al PRI de utilizar fondos muy superiores a los permitidos legalmente, algo que no es novedad en la historia electoral de México, donde los gastos de campaña siempre arrojan muchas dudas. También alegó falta de imparcialidad de los medios de comunicación y acusó a las empresas encuestadoras de apoyar al candidato del PRI.

El pasado lunes, López Obrador dijo que no podía reconocer los resultados oficiales difundidos por el IFE, que dieron la victoria a Peña Nieto, porque «tenemos pruebas que demuestran que se compraron alrededor de cinco millones de votos» y adelantó que las opciones que se estudiaban eran las de invalidar o anular los comicios. Peña Nieto sacó 3,4 millones de votos de ventaja sobre López Obrador.

La invalidez de los comicios está sustentada jurídicamente en la Constitución, que establece la «certeza, la legalidad y la equidad» del proceso electoral, y la anulación de la votación puede hacerse si se demuestra que hubo irregularidades graves en el 25% o más de las mesas electorales.

El caso de Morelia

Ricardo Monreal comparó las causas por las que pedirán la invalidación de los comicios con las que sirvieron para anular el año pasado las elecciones para la Alcaldía de Morelia, capital del estado de Michoacán (oeste).

En esa ocasión, la elección fue declarada nula porque el candidato ganador, Wilfrido Lázaro, del PRI, apareció en un mitin de su partido para la elección estatal cuando la campaña por la Alcaldía ya había concluido, y porque en un combate de boxeo transmitido por televisión en periodo de veda electoral, un pugilista mexicano vistió una bermuda con el logotipo del PRI.

Sin embargo, en las elecciones de Morelia la diferencia en el resultado dentre el primero y el segundo fue de apenas unas décimas de puntos porcentuales.

Desde que los primeros resultados preliminares de las presidenciales daban la victoria de Enrique Peña Nieto, miles de personas no han dejado de manifestarse en las calles contra lo que consideran un nuevo fraude, principalmente en Ciudad de México, feudo de la izquierda, y contra el regreso al poder del PRI, que gobernó el país de 1929 a 2000.