En febrero de 2006 el Tribunal Supremo español dictó una sentencia reinterpretando el Código Penal 73, que establecía la forma de cumplimiento de las penas en caso de condenas múltiples. Durante casi un siglo se había entendido que la redención de penas por el trabajo se aplicaba deduciendo lo redimido del límite máximo de cumplimiento, entonces de 30 años. A partir de esa fecha decidieron que las redenciones ya no se reducirían así, sino pena por pena sucesivamente, de tal manera que, en la práctica, no servían para nada.

El giro copernicano en la interpretación del precepto supuso una vulneración de los principios de legalidad y de irretroactividad de la ley penal más desfavorable. Se preguntará el lector la razón de semejante cataclismo y la explicación es sencilla: estaban a punto de salir de la cárcel un buen número de presos de ETA por cumplimiento del máximo de 30 años. Entre ellos el ipartarra Unai Parot y, como suele ocurrir en estos casos, se hizo una aplicación ad hoc e intuitu personae, modificando lo que se venía aplicando desde hace casi un siglo.

El vasco, al que los españoles llaman francés, no tenía que salir de la cárcel y, rememorando el 2 de mayo de 1808, parieron la mal llamada «doctrina Parot», que no es mas que la doctrina de la venganza. Y como él, otros muchos vascos llevan cumpliendo años extra de prisión en las más duras condiciones, por el morro y a pulso.

El tiempo ha pasado y ha llegado la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que, por unanimidad, declara ilegal la artificial prolongación de las penas y considera que España debe garantizar la puesta en libertad de Inés del Río a la mayor brevedad. Me alegro por Inés y por todos los presos vascos que están ilegalmente detenidos tras haber cumplido íntegramente sus condenas, y felicito efusivamente a los compañeros que defienden este asunto por su éxito.

Ante esta importante decisión lo único que se les ocurre publicar a muchos medios españoles es que la sentencia puede obligar a excarcelar a más de 80 presos de ETA, en lugar de decir que hay más de 80 ciudadanos que se encuentran ilegalmente en la cárcel. Y el gobierno del PP, tan europeo a la hora de ir limosneando rescates, digo créditos, anuncia que recurrirá hasta el fin de los siglos y que, pese a la sentencia, no excarcelará a las personas ilegalmente retenidas, reincidiendo, así, en su pertinaz conducta de vulneración del Tratado. ¡España siempre p'alante!

Es algo difícil de entender, porque, cuando, como todo parece indicar, la Gran Sala ratifique el criterio de la sentencia actual, la cruda realidad volverá a imponerse y el gobierno se verá obligado a excarcelar a los ilícitamente secuestrados durante tantos años, además de haber quedado con el culo al aire. Solo puede entenderse en clave de que piensen que para entonces ya les habrán echado del gobierno y serán otros los que tengan que poner el cascabel al gato. Al paso que llevan...