EL ESTADO ESPAÑOL, AL BORDE DEL COLAPSO
Sindicatos y colectivos sociales exigen al Gobierno de Barcina que dimita
Juanjo BASTERRA | BILBO
Sindicatos y colectivos sociales demandaron ayer en Iruñea la dimisión del Gobierno de Yolanda Barcina, porque es «incapaz de sacar a Navarra de la crisis económica y nos está hundiendo más».
Reiteraron ayer el llamamiento a la huelga general del próximo 26 de setiembre para responder en la calle «al golpe antisocial» del Gobierno español del PP, como afirmó Imanol Paskual, de ELA y aseguraron que «la respuesta social y laboral será importante».
En ese contexto, Igor Arroyo, representante de LAB, remarcó que «UPN ha llevado a Navarra al borde de la quiebra. Ya nadie se fía de los datos que da el Gobierno foral. Lo cierto es que el agujero generado por la nefasta política de UPN-PSN durante los últimos años nos está hipotecando». A su juicio, la hegemonía de UPN, «alimentada durante 17 años desde Madrid, con la operación del IVA de Volkswagen llega a su fin», porque el representante de LAB señaló que «todo el dinero que ha gestionado UPN ha sido dilapidado en altos cargos, en prebendas y en infraestructuras inútiles, que lo único que han hecho es engordar a constructoras, mientras vaciaban las arcas públicas, como pasó con el Canal de Navarra, el circuito de los Arcos, entre otras».
Imanol Paskual, de ELA, añadió que «en Navarra PP, PSN y UPN están de acuerdo, políticamente. Han formado un partido único. Giran siempre en torno al cumplimiento del déficit, como hizo Rodríguez Zapatero y ahora Mariano Rajoy, sin importarles que el pueblo sufre más pobreza y paro».
«Es inviable aislada»
Arroyo expresó en este contexto que «estamos ante una crisis de Gobierno, pero también ante una crisis del marco político impuesto en Navarra hace 30 años con el Amejoramiento. Se ha demostrado -indicó el representante de LAB-que una Navarra aislada del resto de las provincias vascas y sometida a Madrid beneficia a la patronal, perjudica a la clase trabajadora y es inviable económicamente». Por eso, ante los representantes de los colectivos sociales y los sindicatos que convocan la huelga general para el 26 de setiembre, indicó que «no sólo se trata de cambiar el Gobierno. Es el momento de abrir un debate social sobre el futuro de Navarra. Corresponde a la ciudadanía tomar la decisión sobre su futuro económico y social».
Por lo que añadió que «medidas tan graves como las anunciadas no se pueden imponer sin consulta popular».
Por otro lado, ante una posible intervención del Gobierno foral por parte del Gobierno español, Bakartxo Ruiz, de Bildu, indicó que «de alguna manera Navarra ya fue intervenida con el IVA de Volkswagen» y añadió que «siempre nos han vendido Navarra como un paraíso económico, si hablamos de un rescate hablamos de un fracaso, que habría que analizar de dónde viene». Mientras que Patxi Zabaleta, de NaBai, afirmó que «si UPN sigue gobernando Navarra tiene serio riesgo de ser intervenida», aunque se preguntó «¿por quién, por un Estado intervenido?».A juicio de Zabaleta, «las soluciones pasan por otros lados y tienen que ver con la recuperación de su capacidad de decisión, con el ejercicio de su derecho a decidir políticamente», finalizó.
El resto de formaciones no ven peligro de que se produzca una intervención en Nafarroa.
Llamamiento al acuerdo
Por otro lado, en Donostia representantes institucionales de Euskal Herria Bildu hicieron un llamamiento expreso a Yolanda Barcina y a Patxi López, así como a las tres diputaciones forales, para que «se pongan en contacto para comenzar a hablar para llegar a acuerdos».
Basan los mismos en tres puntos esenciales, como explicó Maiorga Ramirez, parlamentario navarro, «la respuesta que hay que dar al decreto aprobado por el Gobierno español». Los acuerdos para «avanzar hacia una nueva política fiscal» y, como tercer pilar, «concretar una política presupuestaria que contribuya a mejorar la economía, haciendo frente a la Ley de Estabilidad presupuestaria que pretende imponer Madrid».
Además del parlamentario navarro, en la rueda de prensa estaban Ikerne Badiola, diputada de Gipuzkoa, Joseba Gezuraga, concejal de Bilbo, Juanjo Agirrezabala, parlamentario en Gasteiz, Dani Maeztu, parlamentario en Gasteiz, Asun Garaialde, parlamentaria navarra, Begoña Vesga, Larraitz Ugarte y Aitziber Sarasola, entre otras.
Aseguraron que EH Bildu trabajará para impedir que se apliquen los recortes. «Nos negamos en redondo a todas estas medidas, reformas y decretazos, porque son impuestas, porque no las hemos decidido nosotros y porque son injustas y crueles», dijeron.
Ante esa situación declararon que «Euskal Herria debe trabajar para conseguir el marco político soberano necesario para construir su futuro político pero también el económico. Necesita lo antes posible soberanía económica, laboral, fiscal, energética, de infraestructuras y social para tomar sus propias decisiones». Y, a la vez, también para construir «una sociedad nueva que defienda los derechos de la ciudadanía y la clase trabajadora. Es preciso cambiar el actual modelo desde la raíz», dijeron.
Respuesta como pueblo
Ante eso, reivindicaron «la necesidad de que las instituciones trabajen en común y lleguen a acuerdos para conseguir ese nuevo marco», así como para «lograr parar todos los recortes impuestos» y reiteraron que la respuesta a estos «recortes y agresiones», que emanan desde el Gobierno de Madrid «debe ser una respuesta como pueblo».
Porque explicaron que «están destruyendo uno a uno todos los derechos sociales conseguidos mediante la lucha de trabajadores y trabajadoras, de la ciudadanía».
Rechazaron la apuesta que ha hecho el PP «para desmantelar y privatizar el sector público» y lamentaron «la destrucción de todos los derechos conseguidos mediante la lucha durante décadas». Por lo que terminaron indicando que «con la excusa de la crisis, el poder financiero ha decidido ahondar en la dirección de los recortes». Por ahí, dijeron que «no pasarán».
En Donostia representantes institucionales de EH Bildu hicieron un llamamiento a Patxi López y a Yolanda Barcia y a las tres diputaciones a alcanzar acuerdos frente al decreto de Madrid, a la política fiscal y presupuestaria.
La Diputación de Gipuzkoa denunció que el Gobierno de Rajoy «pretende dejar morir la Ley de Dependencia» imponiendo recortes que suponen «un terrible paso atrás y que acarrearían un gran perjuicio para las 25.871 personas con dependencia que viven en Gipuzkoa». Ante eso, Gipuzkoa mantiene su negativa a aplicar recortes y garantizará el nivel actual de prestaciones y servicios, aunque ello requerirá un importante esfuerzo presupuestario.
El diputado de Política Social, Ander Rodríguez, explicó ayer ante la comisión permanente de las Juntas Generales y dijo que la actuación del Gobierno del PP es «una contrarreforma de la Ley de Dependencia».
Explicó que Gipuzkoa destina anualmente un total de 230 millones a servicios y prestaciones de atención a la dependencia y a la discapacidad, de los cuáles 35 millones de euros procedían del Estado español. También manifestó que en marzo, Mariano Rajoy ya eliminó 6,3 millones de ese presupuesto acordado. Al sumar la reducción del 15% que se aplicará en el nivel mínimo ascenderá a 3,7 millones. «Con lo cual, debido a esta contrarreforma del PP, la Diputación calcula que perderá del orden de 10 millones anuales de ingresos» y Ander Rodríguez estimó que «sólo este año, la rebaja decretada supondrá una pérdida de 1,54 millones entre los meses de setiembre y diciembre».
El diputado foral desmenuzó las modificaciones que el Gobierno del PP ha exigido, pero que «no vamos a aplicar» en la reducción de las cuantías, de la incompatibilidad, en retrasos de entrada al sistema o el impago de las cotizaciones sociales de las personas cuidadoras. En este punto «hemos pedido al Gobierno vasco que las asuma», dijo Ander Rodríguez.
El diputado foral de Política Social denuncio las consecuencias de la «contrarreforma» desde una perspectiva feminista. «Porque es inaceptable constatar cómo los diagnósticos sobre la crisis son absolutamente ciegos a la realidad de precariedad, explotación y subordinación de las mujeres» . J. B.
El subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy, pidió al Gobierno más reformas y ajustes, «en la misma línea de los adoptados hace unos días», para «calmar» al mercado financiero. Justo explicó esta situación el día en el que el Banco de España publicó el Boletín Económico del segundo trimestre de este año.
En el mismo, se confirmó que la economía española cayó entre abril y junio el 0,4 %, «lo que supone una contracción más intensa que la registrada en el trimestre precedente (0,3%), debido a una caída más acentuada del consumo privado y del gasto público», según explicó. En términos interanuales, el PIB descendió en el segundo trimestre el 1 %, frente al 0,4 % registrado en el primer trimestre del año.
El Banco de España sigue apostando por la «moderación salarial» para evitar mayor destrucción de empleo y confía en que «la reforma laboral permita suavizar el impacto de la recesión sobre los niveles de paro».
Ante esta situación, el Colectivo de Parados de Iruñea y la Comarca realizará hoy una asamblea abierta a las 19:00 en la calle Mercaderes de Iruñea para «debatir futuras movilizaciones y acciones que hagan frente a este despropósito social y económico que es el sistema capitalista y su mal llamada crisis».
Este colectivo, al contrario de lo que opina el Banco de España, señala que «en la vía que nos han metido el paro aumentará y nos estamos viendo que cada vez somos más pobres, porque los nuevos recortes que aplica Rajoy y Barcina nos dejan sin nada». J. B.
