La central sindical valoró ayer en un comunicado la sentencia por el fraude de la Hacienda de Irun, donde José María Bravo y su exmujer, Rosa Cobos, han sido condenados por delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, blanqueo de dinero y alzamiento de bienes. Sin embargo, criticó que no han sido castigados todos los responsables del delito.

Señaló que «en la vía penal solo se han presentado cargos contra un número muy reducido de personas, y que los responsables del robo a la Hacienda de Gipuzkoa han sido muchos más». Además, concretó que estas personas «han compatibilizado en el tiempo cargos de responsabilidad en la Hacienda pública y pertenencia a empresas».

Asimismo, cree que «son muchos los que por medio de un modelo de gestión opaco, clientelista y partidario de la Hacienda, han permitido, consentido y en muchos casos alentado dicho fraude».

Nombres concretos

La central hizo un llamamiento a las personas implicadas de algún modo en este caso a que asuman sus responsabilidades y dimitan de sus cargos. Hizo especial hincapié en las personas con responsabilidades políticas, ya que, según denunció, son varios los cargos públicos señalados como responsables por comisiones de investigación.

Al respecto, el sindicato ofreció nombres concretos. En primer lugar, citó a Víctor Bravo, hermano del acusado, José María Bravo, y exdirector de la Hacienda de Gipuzkoa y exsenador del PNV. Expuso que, junto a su socio Rufino Izagirre, la fiscalía le imputa cinco delitos contra la Hacienda pública. Concreta que Izagirre ostentó también un cargo público al dirigir la Oficina Técnica del Gabinete del diputado general de Gipuzkoa durante el mandato de Jose Juan González de Txabarri (PNV).

Otra de las personas que señaló la central es Antton Market, ya que fue diputado de Hacienda por el PNV durante los años en que Victor Bravo era director de Hacienda. Añadió que el actual concejal del PNV en el Ayuntamiento donostiarra, Eneko Goia, fue asesor de Market durante esos años.

Por otro lado, criticó que el condenado, José María Bravo, fue «colocado por su hermano como jefe de la Oficina Tributaria de Irun sin cumplir los requisitos».

Consideró que «no es posible que durante tanto tiempo ninguno de los máximos responsables del PNV de la Diputación de Gipuzkoa sospechase de los negocios del hermanos Bravo», por lo que reclamó claridad sobre el asunto y que se depuren responsabilidades.