Engrilletados al Reino de España, compartimos la madre de todas las crisis. Un estado intervenido, monitorizado, rescatado -parcial o totalmente- o como se quiera presentar. La pose de control no es compatible con la pléyade de órdenes, directivas y memorándums bien cargaditos de condiciones que se imponen desde todo tipo de instituciones u órganos internacionales. Agencias estadounidenses (Oliver Wyman, Deloitte...), alemanas (Roland Berger), holandesas (KPMG) o británicas (PwC y Ernst & Young) pululan dando lecciones sobre cómo España tiene que hincar codos para hacer sus deberes financieros. No hay día en que instituciones europeas no diagnostiquen hecatombes en los mercados si no se cumplen sus encargos. Terceros estados marcan la agenda económica española, sin que nadie denuncie la injerencia.

La mansedumbre con que españa -cada vez más en minúsculas- acepta la intrusión internacional en materia financiera y económica, contrasta con su belicosa reacción a aceptar la vigilancia internacional en otro ámbito también en crisis sistémica: el de los derechos humanos. Pueden aceptar que el director del Banco de España y todos los ministros de economía y finanzas y sus asesores se confundían un día sí y otro también. Pero la acción de policías, ministros de Interior y togados con tirón de sisa a la derecha era impecable e infalible. Hete aquí la agria realidad que ocultan con una obsesiva práctica de negación.

Una de las más importantes obligaciones que el Reino de España suscribió con la firma de acuerdos y tratados internacionales que remozaran su desconchada fachada autoritaria consistía en algo tan simple como actuar con nitidez ante los órganos internacionales de monitoreo de derechos humanos. Nitidez en tres ámbitos. Un primero, mostrándoles la realidad tal y como es. Un segundo, presentando al público las recomendaciones y -si cabe- las críticas de estos organismos. Un tercero, mostrando proactividad en atender sus requerimientos. Sin embargo, el Estado español ha actuado con un imponente cedazo: lo poco asumible pasa la criba, quedando sobre la malla las múltiples críticas de más grueso calibre.

Uno de los ejemplos más dolorosos de la denegación de transparencia es la actitud española ante el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT). Este órgano realiza visitas a los Estados miembros para después elaborar un informe con sus hallazgos y recomendaciones. Informe confidencial que su destinatario decidirá cuándo hacer público. Felipe González mostró el talante con que actuarían. Acababa de perder las elecciones generales y, ocupando el gobierno en funciones, dejó a su sucesor, José María Aznar, el regalo envenenado: le pasaba aquel informe que había realizado el Comité cinco años antes, para que el jefe del PP lo hiciera público y tuviera que tragarse las aceradas críticas del organismo europeo. Aprendido el ardid, Zapatero marchó sin hacer público el informe relativo a junio de 2011 que espera a que Rajoy encuentre el mejor momento para sacarlo a la luz. Esperemos sentados a lo que ya llega demasiado tarde, porque mientras otra delegación del CPT ya ha hecho una nueva visita al Reino de España, con fecha de junio de 2012.

A la acumulación de informes secuestrados se añaden otras decisiones a las que no se puede poner sordina. Desde el flanco judicial Europeo, España ha sido condenada recientemente y con el trasfondo vasco por la falta de investigación de los casos de tortura de Aritz Beristain y Mikel San Argimiro. El TEDH no duda en que la Justicia española no atendió las denuncias interpuestas por ellos. Una sentencia más condenaba a España por violar la libertad de opinión de Arnaldo Otegi, quien, con tino, había asegurado que el rey era el jefe de los torturadores.

Desde el Estado se ha querido quitar la importante dimensión de estos casos, ya que comenzaban a marcar una pauta. Casos que sí empiezan a hacerse eco en los tribunales internos. El Tribunal Constitucional se ha visto obligado a reconocer esa falta de acción de los órganos judiciales inferiores -casos de Mikel Soto, Sara Majarenas; el último, Rubén Villa- porque le es preferible desautorizarlos, pero teniendo el expediente cubierto ante Europa. El TC exige a los juzgados españoles mostrar un mínimo de diligencia, solicitándoles que realicen alguna actuación de investigación de apaño, aunque sea para acabar en la misma vía muerta. Mejor hacer la planta que verse señalado por el dedo acusador del TEDH.

No solo el europeo es el lateral desde donde se lanzan los córners contra la portería española. El Comité Contra la Tortura, órgano que emana de la Convención de Naciones Unidas contra ese trato, ha evaluado como fehacientes las denuncias particulares interpuestas por Enkarni Blanco -por falta de investigación-, Kepa Urra -por el indulto a sus torturadores-, Josu Arkauz -dirigida contra Francia por su entrega a la tortura a manos españolas- o, más recientemente, el caso de Orkatz Gallastegi, por el que nuevamente se condena a España por no investigar las torturas durante las cuales se le arrancaron autoincriminaciones que después lo condujeron a descomunales penas de prisión. Es más que una mera hipótesis que hoy permanezcan en prisión personas que no son autoras de los hechos por los que fueron castigadas. Pero es un detalle sin importancia para la justicia que no quiere investigar la tortura, porque se soporta en ella.

Pues bien, el Estado español, que lesionó artículos de la Convención contra la Tortura, no ha cumplido con ninguno de los requerimientos impuestos por el Comité de las Naciones Unidas en los anteriores casos.

Algo muy similar a lo que aseguran harán en respuesta a la sentencia contra la denominada por unos «doctrina Parot» o de «cadena perpetua» por otros, en su aplicación a Inés del Río, de resultado conocido. El ministro de Interior se niega a ponerla en libertad anunciando procelosos recursos. Otros, como el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, o el Gobierno de Nafarroa coinciden mirando hacia otra parte. Con esta actitud, reinciden en la condena realizada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que obliga al Estado a «asegurar la puesta en libertad de la requirente sin dilación».

Apuntemos, para completar el cuadro, la actitud que el Gobierno español (y el francés) han mostrado ante iniciativas internacionales de verificación del cese de la acción de ETA y de medidas que podrán coadyuvar a un escenario de paz absoluta y definitiva.

Un sistema, en conclusión, que se presta al monitoreo de ciertos organismos internacionales mientras que prefieren ocultarse ante otros. Una intervención buena que, ante la expectativa de que traiga dinero, se acepta, mientras que otra que puede traer liquidez democrática en forma de salvaguarda de derechos y libertades fundamentales, se rechaza con uñas y dientes. Una intervención mal venida. Un aspecto más a unir a la lista de sólidas razones para no pertenecer a un estado en quiebra de valores democráticos.