La orden de evacuación de todos los cooperantes de los campamentos de refugiados de Tinduf causó sorpresa e indignación tanto en las organizaciones no gubernamentales que trabajan sobre el terreno como en el Frente Polisario, que censuró la actitud del Gobierno español y el hecho de que, si en efecto disponía de «indicios ciertos e inminentes» de que se iba a producir un secuestro, no los hubiera compartido con las autoridades saharauis para garantizar la seguridad de los cooperantes y de la población saharaui que habita en los campamentos, que alcanza casi la cifra de 200.000. Las ONG y las asociaciones prosaharauis alertaron de las repercusiones negativas que tendría su marcha para programas como el reparto de alimentos en un momento en el que se registran altos índices de anemia entre la población infantil y las mujeres embarazadas, y las ayudas a la cooperación han disminuido debido a la crisis.

Gran parte de las organizaciones no gubernamentales mostraron su intención de regresar cuanto antes. El próximo martes viajarán una veintena de cooperantes bajo el amparo de la Coordinadora Estatal de las Asociaciones Solidarias con Sahara (CEAS). Y el día 10, lo hará Mundubat para cuatro días después comenzar a repartir alimentos dentro de un programa de la UE.

Ante el revuelo mediático, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo ha mantenido varios contactos con las ONG en los que, según estas, Exteriores les reconoció que la evacuación fue una medida «demasiado radical», acordando un regreso «progresivo»; primero a Argel, luego a la ciudad de Tinduf y, finalmente, a los propios campamentos.