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El escenario establecido por Estrasburgo hace que este pulso sea insostenible

En el tema de los presos políticos vascos, el Gobierno español tiene una «ventaja competitiva» objetiva: tiene la llave de las cárceles. Eso le hace pensar que puede controlar la situación, marcar los tiempos, establecer las normas, incluso saltárselas. También cree poder abstraerse del contexto político, incluso del jurídico, como ha demostrado el caso de la condena contra España dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a cuenta de la cadena perpetua de facto. Pero la realidad se impone. Se va a imponer en el caso de Iosu Uribetxebarria y se impondrá en el caso de los presos a los que se ha aplicado la denominada «doctrina Parot». El Estado puede jugar la carta de la crueldad, pero no le sale gratis, ni en Euskal Herria ni en el plano internacional.

Si el Ejecutivo pretendía bloquear el proceso político paralizando uno de los puntos que la izquierda abertzale y los asesores internacionales habían puesto a la cabeza de la agenda política del proceso de transformación del conflicto, lo cierto es que hoy por hoy el tema de los presos políticos se ha situado como una prioridad. Ha sido precisamente el Gobierno español, con sus erróneos cálculos y sus decisiones guiadas por el espíritu de venganza, el que le ha dado rango de urgencia. El escenario establecido por la sentencia del TEDH, que en unas pocas semanas puede ser ineludible, marcará el sino de la batalla por la legitimidad en este terreno.

Una de las grandes victorias de la nueva estrategia de la izquierda abertzale, después de que la Declaración de Bruselas equilibrase las condiciones y abriese la puerta a que esa nueva línea política se desarrollase, estabilizase y empezase a dar sus primeros frutos, es que la unilateralidad proactiva quiebra las ventajas objetivas, revierte la descompensación de fuerzas, revienta los esquemas prefijados. Porque frente a esa unilateralidad proactiva solo cabe responder proactivamente. De lo contrario se paga una severa factura política. La unilateralidad reactiva, entendida como lo ha hecho el Estado de Israel con los palestinos, no sirve en este contexto. Tener la llave solo da responsabilidad, no privilegios.

Un pulso socialmente perdido de antemano

Pese al verg0nzoso silencio de Patxi López durante esta crisis política -este preso no deja de ser un ciudadano vasco que está siendo cruelmente tratado en base a una política de venganza que él dice no compartir-, pese al lamentable planteamiento del PNV durante los días que está durando la huelga de hambre de Iosu Uribetxebarria -¿realmente su preocupación es que esto se convierta en un «espectáculo»? ¿ni la vida de Uribetxebarria, ni los derechos humanos, ni siquiera la ley?-, pese a la exquisita saña mostrada por UPN al respecto -y eso que, en el Estado español, ser «el más duro entre los duros» resulta siempre difícil-, lo cierto es que en Euskal Herria la cuestión de los presos enfermos, la de los que tienen cumplida la condena, o la de quienes la tienen injustamente alargada no está resuelta, pero está «amortizada». Ni qué decir de la de quienes han sido encarcelados por realizar una actividad política pública. Está amortizada en la medida en que socialmente una gran mayoría que abarca las bases de casi todo el arco político está a favor de la liberación inmediata de esas personas. La mayoría de ellos no van a hacer nada más que expresar esa opinión, si surge la ocasión. Pero tampoco entienden que sus representantes no sean más asertivos al respecto, aunque solo sea porque lo contrario les debilita social y políticamente. Los coloca en una posición difícilmente sostenible públicamente. Los aboca a la demagogia, y ahí pierden porque la parcialidad en estos temas ha sido tal que siempre habrá alguien que les recuerde a Galindo, a Amedo o a Ángel Duce.

Pero, es más, esa mayoría social también está a favor de la liberación de todos los presos políticos dentro de un acuerdo sobre esta cuestión. La sociedad vasca tiene, en general, una cultura política e histórica suficiente como para saber que en todo proceso de normalización ese paso debe darse, antes o después, mejor antes que después. Con condiciones, es decir, dentro de unos acuerdos, pero debe darse. Los intentos de los portavoces de los partidos por mantener esa trinchera son continuamente desbordados por sus propias bases, que no entienden por qué sus dirigentes no aplican la unilateralidad, siquiera para recuperar el terreno político perdido. Mientras tanto, las estructuras partidarias intentan ejercer de guardianas de esencias que las condiciones políticas han evaporado hace tiempo. No existe tapón que pare el cambio político en marcha.

Por ley, por humanidad, por cálculo...

Iosu Uribetxebarria debe quedar en libertad cuanto antes para poder morir con dignidad rodeado de los suyos. No va a ser el último preso político que salga en las próximas fechas en cumplimiento de la ley, y lo saben, por lo que mejor haría el Gobierno en reconsiderar su estrategia y empezar a virar, no solo para la galería internacional, sino también para su parroquia. La parte más beligerante de esta se lo está poniendo difícil, pero ceder a esa presión es una muestra más de su debilidad.

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