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Un juez vasco plantea una moratoria para las hipotecas de desempleados

El magistrado vasco Edmundo Rodríguez Achútegui participó ayer en los cursos de verado de la UPV, donde propuso una moratoria legal para las hipotecas de desempleados a cambio de que los propietarios se hagan cargo de los gastos de comunidad y mantenimiento.

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El magistrado y miembro de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Edmundo Rodríguez Achútegui, propuso ayer que el Gobierno adopte una moratoria legal para impedir la ejecución de hipotecas de primera vivienda de las personas que no puedan hacer frente al préstamo, mientras se mantengan en situación de desempleo.

El juez lanzó esta sugerencia durante una conferencia ofrecida ayer en el marco de un curso organizado por la UPV-EHU en cooperación con el Instituto Vasco de Consumo, Kontsumobide, en el que se analizan los problemas de sobreendeudamiento de los consumidores, la dación en pago y otras materias relacionada con el consumo.

En su intervención, Rodríguez Achútegui sostuvo que si el Estado «ha rescatado el sistema financiero o a Bankia», los bancos deberían «rescatar también a los ciudadanos sin recursos».

A su juicio, debería «garantizarse por ley» que las entidades financieras no puedan ejecutar las hipotecas de los desempleados que sirvan para adquirir la vivienda familiar, durante todo el período en que permanezcan en situación de desempleo.

Sin perjuicio para los bancos

Según el magistrado, el sistema bancario «no sufriría perjuicio» porque la ley establecería esta moratoria «supeditada a que los propietarios abonaran los gastos de comunidad y mantenimiento, las contribuciones fiscales y los seguros precisos para asegurar el valor de la vivienda». De este modo, la garantía sobre la que recae la hipoteca no perdería, a su juicio, «valor ni eficacia hacia el futuro».

Como contrapartida, los desempleados conservarían el derecho a utilizar su vivienda pese a no poder pagar las cuotas del préstamo, «aplazando su exigibilidad al momento en que recuperasen los medios precisos para poder afrontar su pago», pero sin que se produjeran desahucios que impidieran «el derecho a la vivienda digna que garantiza la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Constitución».

Durantes la jornada de ayer también se estudiaron las ventajas e inconvenientes de la dación en pago en las hipotecas y se debatió en una mesa redonda sobre los procesos de desahucio. Hoy, el curso se centrará en el sobreendeudamiento y la protección del consumidor en situaciones de crisis.

aplazamiento

La medida planteada por Rodríguez Achútegui consiste en aplazar la «exigibilidad» de la hipoteca hasta que los propietarios recuperen los medios para poder afrontar el pago.

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