Desde el inicio de la crisis, una de las más difíciles realidades desencadenadas a causa de la misma ha permanecido escondida. Se trata del sobreendeudamiento de las familias, un concepto que en los últimos meses se ha convertido habitual en las tertulias económicas, aunque permanece ensombrecido por el déficit y la deuda soberana.

El catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Cantabria, Jorge Tomillo, expuso ayer en Donostia las razones que han llevado a miles de familias a no poder cargar con sus deudas y propuso una serie medidas para solventar un problema cada vez más común. Censuró que durante muchos años se haya estado quitando importancia a la crisis de las familias. «Ahora, la situación es devastadora», afirmó.

Esta realidad -según Tomillo- es consecuencia del funcionamiento imprudente de tres actores principales. Por un lado, citó las familias, que, en algunos casos, han gastado de forma excesiva y sin control, ignorando sus capacidades reales de gasto.

No obstante, hizo hincapié en que no siempre es así. Explicó que hay dos tipos de sobreendeudamiento: el originario y el sobrevenido. El primero es consecuencia de una actuación imprudente. En el segundo no hay ineficiencia estructural, es decir, se trata de una situación que no fue prevista o no se pudo evitar.

Otra cuestión a destacar es que en ambos casos hay otros dos actores implicados. Por un lado, las entidades financieras, por conceder crédito sin saber si los deudores podrán hacer frente a los pagos. Por otro, el Estado, cuyo papel consiste en supervisar que todo funcione adecuadamente. «El guardabarreras y las luces de alarma no han funcionado», advirtió.

Es más, Tomillo relató que otros países de la Unión Europea ya están abordando este problema mientras el Gobierno español continúa con su «inacción irresponsable». Censuró además la «atroz indiferencia» de los gobernantes ante las consecuencias que sus políticas pueden tener en las personas.

Una segunda oportunidad

La situación se puede encaminar hacia una solución más justa para las familias, según se desprende de la conferencia de Tomillo. Existen alternativas legislativas que consisten en crear una ley específica que regule el sobreendeudamiento. Sin embargo, incidió en que la mejor opción pasa por entender el sobreendeudamiento como problema social.

Al respecto, hizo un pequeño inciso para diferenciar los términos insolvencia y sobreendedudamiento. Una persona insolvente es aquella que no paga porque no puede. El sobreendeudamiento es un concepto más flexible y compatible con crisis de menor gravedad. Una familia sobreendeudada es aquella que tiene bienes y acceso al crédito pero no puede hacer frente a sus pagos.

Una vez explicado esto, propuso una serie de pautas para evitar que las familias sobreendeudas pierdan todos sus bienes. Para ello es necesario un acuerdo entre deudores y acreedores que hagan posible la aplicación de medidas que permitan a las familias superar la situación de agobio sin que suponga un trauma. Se trata del «fresh start» o segunda oportunidad, consistente en el descargo o liberación patrimonial de las familias.

Por ahora, faltan los elementos clave para poder desarrollar una alternativa que no ahogue a las familias ni perjudique a los acreedores: debate político y espacios de acuerdo.