Los opositores a Garoña desconfían mientras Nuclenor pide más tiempo
El plazo decretado para que Nuclenor pidiera la prórroga de Garoña ha caducado sin que la empresa haya presentado la correspondiente solicitud, por lo que en teoría la central nuclear tendrá que cerrarse en julio de 2013. Sin embargo, los colectivos ecologistas desconfían y temen que el Ministerio de Industria amplíe las fechas, tal y como reclama Nuclenor.
Imanol INTZIARTE |
Los colectivos antinucleares desconfían de que el final del plazo para reclamar la prórroga de Garoña signifique que Nuclenor -formada a partes iguales por Endesa e Iberdrola- renuncie a mantener abierta la central más allá de julio de 2013. Para Alberto Frías, portavoz de Araba sin Garoña, lo que pide la empresa es «una prórroga del plazo para pedir la prórroga».
Un análisis similar al que expone el portavoz de Ecologistas en Acción para temas nucleares, Francisco Castejón, quien considera que la eléctrica ha lanzado «un pulso y un chantaje al Gobierno» al plantear que «o cambian las reglas para facilitar que la central produzca mucho más dinero o no piden la prórroga».
El miércoles, el ministro español de Industria, José Manuel Soria realizó unas declaraciones en el Congreso de Madrid que fueron interpretadas unánimemente como que Nuclenor había solicitado la prórroga por un periodo no superior a seis años, hasta 2019.
Pero esa misma noche Industria matizó que Soria había quedido decir que tramitaría la solicitud de prórroga si esta era presentada, pero que no se había producido tal circunstancia.
Posteriormente, Nuclenor informaba de que «no está en condiciones de solicitar la renovación de la autorización de explotación de la central nuclear», argumentando que desconoce «cómo le afectarían las nuevas condiciones que podrían establecerse para la actividad de generación nuclear en el marco de la reforma energética aún pendiente de aprobación por parte del Gobierno».
En su nota de prensa, Nuclenor indica que reclamó a Industria una ampliación en el plazo, o en su defecto «que pusiera a su disposición la información necesaria para despejar las incertidumbres regulatorias».
El ministro Soria ya reveló que la propietaria de Garoña había pedido más tiempo. «Hemos llamado a la empresa para decirle que no le podemos prorrogar dos meses para decidirse, y no le ha gustado», dijo.
Un año como mínimo
El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) argumenta que los diez meses que restan hasta julio de 2013 ya suponen «un periodo de tiempo menor que el año normalmente requerido para la renovación de una autorización de explotación. Una reducción adicional de este plazo, necesario para llevar a cabo la revisión, evaluación e inspecciones que procedan, afectaría negativamente al rigor y profundidad de la revisión», sentencia.
Nuclenor reconoce en su nota que para seguir funcionando tendría que invertir «alrededor de 120 millones de euros», si bien asegura que «en caso de que se despejaran estas incógnitas en torno a la viabilidad económica de la central, estaría en condiciones de solicitar la renovación, puesto que técnicamente reúne todos los requisitos para seguir operando de una manera fiable y segura».
Alberto Frías (Araba sin Garoña) considera que se trata de «un desafío» al Gobierno por parte de la compañías eléctricas, que «quieren que les siga saliendo gratis» y no invertir «más de 100 millones de euros en medidas de seguridad». A su juicio, Endesa e Iberdrola podrían «sacrificar su pieza más pequeña», en referencia a Garoña, para obtener réditos con otras centrales más importantes.
Para Francisco Castejón (Ecologistas en Acción), Nuclenor «sabe que la central no está en buenas condiciones» y lo que quiere es que se suavicen las condiciones para la concesión de la prórroga.
Menos reservas tiene la responsable antinuclear de Greenpeace, Raquel Montón, quien da por «imposible» que Industria cambie los plazos, más teniendo en cuenta la opinión del CSN. «Si sucediera lo contrario sería un escándalo», asevera.
El diputado general de Araba, Javier de Andrés (PP), señaló que «si Garoña ahora no es rentable porque las medidas de seguridad que se le exigen superan su plan de negocio, tendrá necesariamente que cerrar. Lo que no puede haber es una marcha atrás en las medidas de seguridad que plantea tanto el Consejo de Seguridad Nuclear nacional como el europeo. Las medidas de seguridad para su continuidad no tienen negociación», insistió.
Su compañero de partido José Antonio de Santiago-Juárez, portavoz de la Junta de Castilla y León, se mostró favorable a que la central burgalesa siga abierta y aseguró que la Junta «nunca» ha hablado «de un impuesto a las nucleares», en alusión a las «incertidumbres» argumentadas por Nuclenor para no pedir la prórroga. El grupo juntero del PSE en Araba manifestó que «la seguridad es la única cuestión que debería primar», mientras que el portavoz de Energía del PNV en Madrid, Pedro Azpiazu, celebró la posibilidad de que el cierre llegue en julio de 2013 y estimó que la central «ya estaba amortizada».
Lorena López de Lacalle (Bildu) lamentó que el futuro de Garoña «dependa únicamente de su viabilidad económica y no de su seguridad» y subrayó que «con este chantaje que Nuclenor ha puesto sobre la mesa a Industria queda en evidencia que la energía nuclear no es rentable si no está subvencionada». El parlamentario de Aralar Dani Maeztu reclamó el cierre de todas las centrales y una apuesta por las energías renovables respetuosas con el medio ambiente.
Por su parte, el comité de empresa de Garoña -cuyos trabajadores protagonizaron en marzo de 2011 un vídeo defendiendo la central a ritmo de rap-, expresó su «sorpresa» y su «preocupación» ante el posible cierre. I.I.
