Demoledor resulta el informe de fiscalización publicado en setiembre por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) respecto a la actuación del Consistorio de Karrantza, Diputación vizcaina y Ejecutivo de Lakua en el fallido proyecto de Karrantzako Minda SL para construir una planta de tratamiento de los residuos generados por la extensa cabaña de ganado vacuno en el valle vizcaino. Los autores del análisis concluyen que «el control por parte de las administraciones participantes, tanto sobre la ejecución del proyecto como sobre los gastos incurridos y justificados para el cobro de las subvenciones y anticipos no ha sido suficiente».

A pesar de que en julio transcendió el contenido del documento, a falta de su traducción al euskara y publicación, resulta llamativo que transcurrida una semana de esta no se haya escuchado reflexión alguna a los responsables institucionales, especialmente a los del PNV, directamente implicados en el caso. La respuesta se hace obligada una vez que la sociedad promotora recibió de 2006 a 2009 un total de 13,5 millones de euros en anticipos reintegrables y subvenciones públicas, de los que fueron abonados 10,02 millones y solo se han reintegrado 750.000 euros.

En pleno azote de la crisis se aventura complicada la devolución de cantidad alguna por parte de Karrantzako Minda, una vez que la promotora -constituida en agosto de 2005- entró en julio del año pasado en concurso de acreedores y afronta su liquidación, dejando en seis años de actividad una estructura de hormigón inacabada -un tercio de la infraestructura prevista- en el barrio de Las Torcachas y una larga lista de acreedores. La construcción de la instalación se paralizó en setiembre de 2010, después de que el Gobierno López cerrase el grifo de las subvenciones, pendientes de desembolsar 3,5 millones.

El Ejecutivo autonómico y la Diputación vizcaina anunciaron hace dos meses que reclamarían la devolución del dinero otorgado una vez analizado el dictamen del TVCP. El Ministerio de Ciencia e Innovación, por ejemplo, ya ha solicitado la subvención de 2 millones de euros que concedió en 2008, así como unos intereses de 243.244 euros.

El tribunal destaca la ausencia de compromisos financieros por parte de los socios de Karrantzako Minda SL -constituida por la cooperativa ganadera Guvac SCoop (51%) y Enerminde SL (49%)-, o que hasta mayo de 2010 no se contemplase la totalidad de los gastos e inversiones necesarios para completar el proyecto. Así, por ejemplo, la obra se disparó de los 12 a los cerca de 25,8 millones de euros.

Los fiscalizadores advierten de que en los préstamos correspondientes a los programas Ikerketa 2006 y 2008, de los que se obtuvo 3,5 millones de euros de dinero público -2,3 abonados, 1,2 pendientes de cobro y 750.000 reintegrados-, se vulneraron los principios de concurrencia y objetividad al aceptar como solicitud, una documentación incompleta y con anterioridad a la apertura del plazo señalado en la convocatoria. Asimismo, en la concesión de 2008, se superaron los límites del importe de subvención regulado en el citado programa.

Además, se incide en que no hubo control alguno sobre el dinero que se concedió, con el agravante de que «ninguno de los justificantes aportados» en la primera justificación de gastos se corresponde con los que se contenían en la solicitud de ayuda a Lakua. «Se aceptan como justificantes gastos que no responden a inversiones realizadas en la planta, facturas que corresponden a anticipos y no a la ejecución de obras o gastos; certificaciones de obra emitidas con anterioridad al inicio de la misma, y por último, gastos no incluidos en el presupuesto de inversiones aprobado», señalan desde el TVCP, cuyo Pleno refrendó por unanimidad de sus miembros el contenido del informe solicitado a petición del Parlamento de Gasteiz y las Juntas Generales de Bizkaia. Habrá que ver ahora qué responsabilidades se reclaman y a quién.