Francisco Tolosa, Gloria Cuartas y Doly Pérez han recorrido parte de Europa explicando la recién constituida Marcha Patriótica por la Independencia de Colombia con el fin de recabar «apoyo y protección» a este movimiento y evitar un nuevo genocidio como el sufrido por la Unión Patriótica (se saldó con el exterminio de unos 5.000 militantes de esta formación política surgida a raíz del proceso de paz entre las FARC y el Gobierno de Belisario Betancur en la década de los 80). Constituida formalmente en abril en Bogotá, la Marcha nace en un momento muy esperanzador para el país, pero no exento de peligros, ya que, pese al impulso del Gobierno y de la guerrilla, sigue habiendo «enemigos de la paz».

Tal y como recalcan Tolosa y Cuartas a GARA, la guerra se ha convertido en otra forma de negocio en un Estado con más de cinco millones de desplazados y 455.000 militares y policías frente a, por ejemplo, 320.000 profesores. Dentro de su amplia agenda, el viernes se reunieron con el diputado general de Gipuzkoa, Martin Garitano. Antes de despedirse de Euskal Herria, expresaron su deseo de que el simbólico Palacio de Aiete abra también sus puertas al proceso de diálogo abierto en Colombia.

¿En qué contexto surge la Marcha Patriótica por la Independencia y la segunda República?

GLORIA CUARTAS: La Marcha nace con los diversos acumulados políticos y sociales que en los últimos 20 años han estado mostrando alternativas de vida y de resistencia en medio del conflicto. Este proceso no es la única expresión política de la izquierda. La Marcha se presenta con el objeto de ser una manera de canalizar el descontento de una amplia masa de la población que no se siente representada por los idearios políticos tradicionales. Es también una forma de expresión de la esperanza de pueblo de alcanzar un proceso y una salida política al conflicto social y armado.

FRANCISCO TOLOSA: Aspiramos a ser una alternativa de poder. Nuestra consigna es «juntar rebeldías». Y, muy a tono con lo que está ocurriendo en América Latina, nos reivindicamos como una continuación de la gesta por la independencia que, en nuestra opinión, pasa por una auténtica soberanía nacional contra el capital transnacional y las diferentes formas que subyugan a nuestro pueblo.

El primer punto de nuestra agenda es la solución política al conflicto armado y social. Esto de entrada marca un elemento distintivo de nuestro movimiento a favor de la paz. Desde la Marcha no compartimos el discurso profundamente maniqueo que plantea el conflicto como una agresión terrorista. Los conflictos armados son históricos y requieren de una solución política, que no se logra a través de bombardeos y de la fuerza, sino resolviendo las causas estructurales que los motivaron. En el caso de Colombia son el desarrollo agrario, la propiedad de la tierra, las garantías democráticas... Si no se resuelven esas causas, no hay solución política. Los diálogos de paz son un primer y gran paso, pero para que se camine sobre una verdadera solución tendrán que abordar realmente las causas del conflicto y dar un poder de participación real y efectivo al movimiento social.

G. C: Es también una manera de advertir que el pueblo está en movimiento por el derecho a la vida y a que podamos, en equidad y justicia, alcanzar un proceso de paz.

¿Cómo se llega a este proceso?

F.T: En primer lugar, gracias al fracaso de la política belicista del Gobierno y de EEUU. Pese a los doce años del Plan Colombia y a diez años de guerra abierta contra la guerrilla, no se ha producido la derrota militar a la que han aspirado los gobiernos y para la cual han gastado ingentes recursos. Colombia tiene 455.000 miembros de la fuerza pública frente a 320.000 maestros. Este dato refleja el tipo de prioridades del Gobierno.

En segunda instancia, al clamor por la paz del pueblo. Sin la movilización de un gran número de sectores, este proceso no hubiera sido posible.

¿A qué riesgos se enfrenta este incipiente proceso? ¿Temen que sus actores se limiten al Gobierno y a las FARC?

G.C: Estamos alertando a la comunidad internacional para que se comprometa a hacer un acompañamiento y seguimiento, porque la violación de derechos humanos y las estructuras paramilitares siguen vigentes y hay un profundo señalamiento y persecución a las comunidades que habitan las zonas donde se da una mayor confrontación entre el Gobierno y la insurgencia. Hemos solicitado que haya un cese bilateral y se respete a la población civil no combatiente. Ese es un primer riesgo porque en Colombia hay siete bases militares de Estados Unidos, un presupuesto militar que lleva a un desarrollo desigual de la guerra porque las condiciones colocan en máxima vulnerabilidad a las comunidades y quienes históricamente han levantado su voz por el derecho a la paz siguen siendo perseguidos. Por ello, tenemos que blindar esas voces ciudadanas que reclaman el derecho al cuidado integral de la vida.

Respetamos y valoramos profundamente la instancia de la insurgencia y el Gobierno, pero, en una labor de anticipación, la Marcha Patriótica está convocando a las víctimas para que tanto en Colombia como en el exterior constituyamos espacios en los que recoger las propuestas que se han construido en los últimos años. Uno de los objetivos de la Marcha es contribuir a recoger esas voces y llevarlas a la mesa de negociación aún por instalar. Hacemos, por tanto un llamamiento, especialmente al Gobierno, para que haya garantías de que esas voces puedan ser escuchadas.

F.T: Es muy importante que se haga efectiva la posibilidad de participación, porque la solución política no corresponde solo a las partes que se enfrentan en la dimensión bélica del conflicto, sino al conjunto de fuerzas sociales.

Somos conscientes de que hay «enemigos de la paz», que empiezan por aquellos que ganan con la guerra: todo el mercado de aprovisionamiento del Ejército -porque mantener un pie de fuerza de 455.000 hombres, apertrecharlo, armarlo, cuidar su salubridad...- es un negocio gigantesco. Si, por ejemplo, la mesa de negociación logra avanzar en la cuestión de la redistribución de la tierra, muy seguramente esas fuerzas económicas ligadas a la propiedad de la tierra -0,4% de los terratenientes controlan más del 55% de la tierra- afilarán sus baterías contra el proceso. De hecho ya lo están haciendo; cuentan con editoriales, columnistas y, desgraciadamente, tienen sus propios grupos armados.

Entre esos enemigos de la paz que menciona, se sitúa el expresidente Alvaro Uribe...

G.C: Los dirigentes de la Unión Europea deberían hacer una profunda reflexión de lo que significó respaldar económica y políticamente los ocho años del expresidente Uribe. Se deberían de preguntar por qué hubo tanto silencio político de la UE ante las acciones de Uribe, que conllevaron una profundización de la guerra, una desinstitucionalización y desterritorialización de las comunidades. Uribe es la voz de empresarios, de políticos, de las multinacionales... Abanderó una propuesta de control de tierras y de buscar un concepto de paz con los vencidos. Su gran sueño en su imaginario era una derrota militar e ideológica y un desconocimiento a los años de lucha y legitimar un modelo de expropiación de recursos. Representa un pensamiento que se niega a la discusión de las causas estructurales del conflicto y está abanderando una campaña nacional e internacional para deslegitimar este proceso.

F.T: Esto no significa que esté fuera de los diálogos. Tiene buenos portavoces dentro del Gobierno, incluso algunos de los negociadores nombrados por Santos vienen de la Administración de Uribe.

Por tanto, el ideario que representa Uribe estará, de alguna manera, presente en Oslo.

G.C: Por eso el diálogo es tan difícil. Tenemos claro que si vamos a avanzar en un proceso de construcción de garantías efectivas para discutir los problemas estructurales del país y trabajar por una salida política, también Uribe tiene que estar.

F.T: La paz no se dialoga entre iguales. Pero, claro, es muy difícil dialogar cuando uno de los negociadores por parte del Gobierno es el excomandante de las Fuerzas Militares Moral Rangel que, dos días antes de ser nombrado vocero de paz, firmó una carta escrita por militares retirados en la que afirmaban textualmente que `hay que liquidar a la Marcha Patriótica para que haya paz en Colombia'. Y ese es uno de los negociadores. Pero nosotros creemos que ese sector fascistoide también debe tener su cupo. Ahora necesitamos tenerlo nosotros.

¿Cómo es la relación de la Marcha con el Gobierno?

F.T:Hemos tenido reuniones con el Ministerio del Interior ante las amenazas recibidas. Le pedimos en términos políticos garantías democráticas para nuestro ejercicio, investigaciones serias y una declaración pública pidiendo tales garantías. Por desgracia, a día de hoy, no se ha avanzado en ninguno de esos aspectos. El Gobierno piensa que el problema de las garantías se resuelve entregando carros y escoltas a la oposición.

El presidente Santos es muy hábil, no en vano es un hombre que proviene del mundo de los medios de comunicación, no ha realizado a nivel público mayores pronunciamientos sobre la Marcha Patriótica, pero su ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, cada vez que la Marcha organiza una movilización nacional, hace declaraciones sobre los supuestos vínculos de la Marcha con la guerrilla, en la idea de atemorizar a sus militantes y ponerlos en el ojo del huracán. Ni siquiera en un país de montajes judiciales como Colombia, han iniciado un proceso judicial contra la Marcha Patriótica y sus militantes.

Si no hay garantías para que la Marcha Patriótica, que agrupa a más de 2.000 organizaciones, pueda hacer política, está claro que se augura un mal futuro al proceso de paz, porque las garantías serán menores para una posible incorporación de la insurgencia a la vida política.