Bildu lleva a los tribunales pagos ordenados por el alcalde de Alonsotegi
El grupo de Bildu en el Ayuntamiento de Alonsotegi llevará a los tribunales presuntos «pagos ilegales» realizados por el primer edil, José Luis Erezuma, pese al informe contrario de la interventora municipal. La coalición explica que su decisión se debe a que las irregularidades en la gestión del jeltzale son «numerosas», mientras el PNV sigue sin someter las cuentas municipales a una auditoría externa pese a la exigencia realizada por el Pleno en diciembre de 2011.
GARA | BILBO
Ediles de Bildu en el Ayuntamiento de Alonsotegi y junteras de la coalición soberanista han anunciado que pondrán a disposición de los tribunales pagos de gasto corriente ordenados por el alcalde, José Luis Erezuma (PNV), a cargo de fondos provenientes de un convenio con la sociedad foral Azpiegiturak y con el informe contrario de la interventora municipal.
Las ediles de Bildu Estibaliz Arregi y Bego Santisteban señalaron que el pasado mes de agosto tuvieron acceso a un decreto de Alcaldía por el que Erezuma autorizó el pago de una relación de facturas por una suma total de unos 300.000 euros con cargo a los citados fondos. Ahora, hay otro decreto fechado en mayo, según precisan, que ordena el pago a la empresa Garbialdi, por «facturas pendientes que ascienden a 387.271 euros», que salen de los mismos fondos del convenio, y «una vez más» con el informe contrario de la interventora municipal. La respuesta del alcalde a la advertencia de la técnico es «darse por enterado y ordenar el pago», según denuncian.
Las concejalas de la coalición soberanista explicaron que en marzo de este año se firmó un convenio por el que la Diputación vizcaina, por medio de Azpiegiturak, abonaba al Ayuntamiento 2,08 millones de euros más IVA «a cambio de transmitir los bienes patrimoniales de la unidad de Irauregi para promover la construcción de viviendas de precio limitado en la misma». Precisaron que el Ayuntamiento debía destinar estos fondos al pago de dos constructoras tras la disolución de la sociedad Alonsotegi Eraikiz, ta como se recogió en un acuerdo plenario de 2010.
En el pueblo de Urkullu
Bildu apuntó que ha decidido recurrir a los tribunales ante «repetidas ilegalidades» que «la Diputación sigue pasando por alto» y llamó la atención sobre el incumplimiento por parte del alcalde del acuerdo plenario que exigía someter las cuentas municipales a una auditoría externa. «Esto ocurre en el municipio del candidato a lehendakari Iñigo Urkullu, que ha defendido una auditoría externa para las cuentas del Gobierno Vasco, mientras que en su pueblo mira para otro lado», criticaron.
Por otra parte, el grupo municipal de Bildu en el vecino Ayuntamiento de Arrigorriaga ha anunciado la creación, a propuesta suya, de una comisión sobre el caso Bentakoerreka. Bildu explica que la ruptura por parte del gobierno municipal (PNV) de un convenio con inversores suscrito en 1990 fue castigada por los tribunales con el pago de 6 millones de euros de las arcas municipales, carga que los arrigorriagarras soportan desde 2007 y que se prolongará hasta el año 2030. Según indica, hay otra operación de 2008, en relación con Eroski, en la que técnicos han detectado irregularidades porque el alcalde, Asier Albizua, entonces edil, votó siendo socio de esa cooperativa.
Si finalmente no sale adelante, el proyecto para rehabilitar el edificio conocido como «La Casona» en Lapuebla de Labarca podría costar más de 300.000 euros a las arcas de la Diputación de Araba, gobernada por el PP en la persona de Javier de Andrés.
Eso es lo que teme Bildu, que el pasado viernes anunció que interpelará en las Juntas Generales al diputado general sobre las pérdidas asumidas por la institución foral como consecuencia de la paralización de la promoción de viviendas previstas en el citado inmueble. El procurador de Bildu Patxi Martínez de Albéniz explicó que esta obra debía haber sido realizada por la sociedad pública Arabarri, pero ha sido paralizada porque no han aparecido personas interesadas en la compra.
Arabarri, que se encarga de la rehabilitación y gestión del patrimonio cultural en el herrialde, se embarcó en este proyecto «sin que el Ayuntamiento de la localidad fuera siquiera accionista de esta sociedad pública», subrayó el juntero soberanista. También recordó que ahora Arabarri ha propuesto que el inmueble pase de nuevo a ser propiedad municipal, aunque las arcas forales tendrán que asumir unas las pérdidas que podrían superar los 300.000 euros, incluida una indemnización de alrededor de 20.000 euros para la empresa que pensaba construir seis viviendas en ese edificio antiguo semiabandonado.
Mientras, desde la Diputación se responsabiliza de esa operación al anterior equipo de gobierno del PNV y, en concreto, al entonces responsable foral de Administración Local, Alfredo de Miguel. GARA
