La «cláusula cívica por la igualdad» que el alcalde de Gasteiz, Javier Maroto, pretende que Lanbide incluya en los convenios de inserción y que, según su propuesta, deberían firmar quienes perciben prestaciones públicas, tal vez no sea más que un pretendido golpe de efecto populista del alcalde y candidato al Parlamento de Gasteiz. Sin embargo, revela un impulso xenófobo y clasista difícil de justificar. Porque tras esa denominación tan pomposa pretende camuflar la sospecha que quiere extender sobre los colectivos más desfavorecidos, entre ellos los inmigrantes. Maroto no propone una cláusula que deban firmar, por ejemplo, los maltratadores o quienes se niegan a compartir el trabajo doméstico, sino simplemente quienes reciben ayudas sociales, lo cual conlleva una perversa identificación según la cual las personas perceptoras de esas prestaciones son sospechosas de vulnerar la igualdad entre hombres y mujeres, como si fuera imposible que un político, un empresario o un sacerdote, por el hecho de no percibir esas prestaciones, tengan actitudes contrarias a la igualdad. Maroto deberá explicarlo muy bien para que su propuesta quede simplemente en el absurdo o en un desafortunado impulso electoralista. Y dejar claro que poner bajo sospecha a las personas que reciben prestaciones sociales no tiene nada que ver con combatir el fraude.