La prensa nacionalista española de extremo centro anda agitada últimamente, y no hay día que no ofrezca varias perlas en sus páginas.

En «Abc», Isabel San Sebastián, adelantada a su tiempo pero añorante del pasado, afirmaba en su pieza que resulta «descorazonador comprobar cómo retroceden en el tiempo el País Vasco y Cataluña, de la mano del nacionalismo, hasta desandar todo el camino de progreso que durante siglos condujo a esas dos regiones a convertirse en la vanguardia de España». Ya. España, en cambio, avanza sin parar de la mano del no-nacionalismo, ¿verdad? Y continuaba elevando el nivel intelectual de su artículo citando a Vidal de Nicolás, «un gran bilbaíno fundador del Foro de Érmua», quien decía que «su ideario se resume en la sacralización de la berza y la vaca, a la que añadiríamos la barretina, a guisa de símbolo, en el caso catalán». No se sabe muy bien si se refiere al ideario del nacionalismo, del Foro de Ermua o de Vidal de Nicolás.

«El Mundo» ofrecía una encuesta sobre la independencia de Catalunya y titulaba: «Un 61% quiere seguir en España con mayor o igual autonomía», y después matizaba que «Aunque el 44% votaría `sí' a la independencia y el 38%, `no'». Por tanto, votaría más gente a favor que en contra. Se supone que quienes votarían a favor no quieren seguir en España, y si son un 44%, difícilmente querrá seguir en España un 61%, según la propia encuesta que lo afirma.

En el mismo diario, Victoria Prego se extendía con «Las facturas políticas de una separación», asegurando que «una Cataluña independiente de España sufriría gravísimas pérdidas en el ámbito internacional, defensivo e institucional». Es decir, que si España impide a los catalanes que decidan su futuro es por su bien. En un despiece, insistía Prego en que frente al «desafío nacionalista», la española es «una democracia inerme», y es que la convocatoria de un referéndum de autodeterminación «no tiene ninguna respuesta penal en España», por lo que Rosa Díez ha pedido que se restituya el castigo con penas de cárcel para esos casos. El problema para Victoria Prego es que «en los países que no sufren las amenazas secesionistas que padece España, podría no entenderse por qué razón el celebrar una consulta popular, se tengan o no se tengan competencias para ello, ha de ser castigado con pena de prisión». Y en ciertos países que sí «sufren las amenazas secesionistas» tampoco lo entenderían. Es cuestión de mínimos democráticos.