CAF desiste y no se presenta al juicio por amianto tras haber presentado un recurso
CAF no acudió a la vista del recurso que impuso ante la imposición de un recargo del 30% en las prestaciones sociales por la muerte del extrabajador José García Ortega por un cáncer derivado del contacto con el amianto, de tal forma que la resolución judicial es firme.
J. BASTERRA | BILBO
La abogada de Asviamie, Nuria Busto, confirmó a GARA que Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) desistió del recurso que presentó contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) en el que condenaba a la compañía por falta de medidas de seguridad en el caso del soldador-montador José García Ortega, que falleció por un cáncer por inhalación de fibras de amianto durante su vida laboral.
El mineral cancerígeno ha provocado ya el fallecimiento de 55 trabajadores de la empresa CAF. De ellos, 33 pertenecían a la planta de Zaragoza, 21 más a la fábrica de Beasain y otro más a la de Irun.
Recargo del 30%
En el juicio, en que se tendría que haber visto el recurso de CAF contra la imposición de un 30% de recargo en las prestaciones por el fallecimiento de Ortega, la abogada Busto explicó que «no ha aparecido la representación de la empresa, con lo cual la decisión es firme». Reconoció que nunca tendría que haber recurrido, después de la decisión de la Seguridad Social de imponer el recargo del 30% y admitió que, «por lo menos ha desistido de llevar adelante el recurso».
José García Ortega trabajó para CAF desde 1957 hasta 1993 en funciones de soldador y soldador-montador. La Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi, Asviamie, explicó que «el amianto era utilizado en el montaje de los vagones, como material aislante de los componentes fabricados, por lo que las fibras de amianto se encontraban presentes en el puesto de trabajo ocupado por el trabajador». Las mismas se dispersaban en el ambiente y, por lo tanto, fueron inhaladas por los trabajadores de CAF «por el afectado y otros muchos más».
A la vista de los datos técnicos contrastados, la Seguridad Social impuso a la compañía constructora de trenes un recargo del 30% en las prestaciones sociales a la compañía. Antes, la empresa fue condenada a una indemnización a los familiares del afectado.