Sabino Cuadra, diputado de Amaiur en el Congreso español, presentó a la Mesa del Congreso una nueva iniciativa para que los diputados de la Cámara «se reduzcan el salario hasta un máximo de tres veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI)» y que, a la vez, «se supriman las pensiones parlamentarias y otras prestaciones de privilegio que hayan podido consolidarse hasta este momento».

Cuadra sustentó sus argumentos para la presentación de las iniciativas en que «la clase política es el tercer motivo de preocupación de la ciudadanía, por detrás solo del paro y de la situación económica».

El diputado de Amaiur explicó que para este descrédito «las razones son de muy diverso tipo, debiendo mencionarse en primer lugar los frecuentes casos de corrupción política que recorren el entramado institucional (estatal, autonómico, local) y la sensación generalizada de que éstos son tan solo la punta del iceberg de un fenómeno bastante más extendido».

El diputado abertzale reiteró las solicitudes presentadas a la Mesa del Congreso el 22 de febrero y el 12 de abril de 2012 en las que se solicitaban «que las asignaciones económicas de los diputados y senadores tengan una cuantía mensual máxima igual a tres veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) legal». La propuesta admite que se actualice, según varíe el salario mínimo. También reclama que «los complementos mensuales por razón del cargo que perciben presidentes, vicepresidentes, secretarios y portavoces de la Mesa y de las distintas comisiones parlamentarias, sean revisadas de forma que se reduzcan en la misma proporción que los de los diputados».

Para ello, la coalición soberanista exige la derogación de los acuerdos anteriores «para que desaparezcan las excepciones reguladas en relación con la derogación de las pensiones y prestaciones privilegiadas que venían siendo disfrutadas por los parlamentarios».

Por otro lado, Amaiur ha presentado seis enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica sobre financiación de Partidos Políticos en las que básicamente exige que se financien por vía privada y no de las arcas públicas. Limita a 50.000 euros anuales las donaciones procedentes de personas físicas o jurídicas «o de 30.000 euros anuales si son consecutivas». También pide endurecer las infracciones.