Rehn avisa a Rajoy que las pensiones no deben poner en peligro las cuentas
El vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, advirtió ayer que cualquier decisión futura que el Gobierno español adopte sobre las pensiones «debe tener en cuenta la sostenibilidad» de las finanzas públicas. Rehn respondía así al ser preguntado por la actualización de las pensiones conforme al IPC de este año, que el Gobierno español ha dejado en el aire.
GARA | MADRID
Tras entrevistarse con el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, y el ministro de Economía, Luis de Guindos, Olli Rehn señaló que el Estado español, como el resto de estados europeos, son conscientes de que si reciben ayuda tendrán que asumir las condiciones, que no son otras que las recomendaciones que la Comisión viene haciendo a todos los estados miembros.
En este sentido, recordó que al Estado español se le sugirió que ahondara en la reforma del sistema de pensiones para asegurar que la edad de jubilación «esté en línea» con el aumento de la esperanza de vida.
Según Rehn, «para poder restablecer la sostenibilidad de las finanzas públicas, es inevitablemente necesario garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Las decisiones futuras deben tomarse de forma que esto se tenga en cuenta», dijo.
Entretanto, y en referencia a la actualización de las pensiones conforme al IPC, el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, reiteró ayer que se aplicará la ley en vigor, aunque eludió responder si se cambiará dicha ley.
Ante la insistencia de los medios, Burgos reiteró que solo se puede atener «a la norma vigente», y afirmó que hay que esperar a noviembre «para ver si hay una desviación asumible para el sistema».
El déficit llegará al 7,4%
En el encuentro de ayer entre Rehn, Rajoy y De Guindos, también se analizó el saneamiento de la banca y el desarrollo de las reformas estructurales.
Respecto al rescate bancario, el comisario europeo explicó que aún no sabe si las ayudas inyectadas a la banca serán consideradas como parte del déficit, ya que es un análisis que corresponde a Eurostat, oficina estadística «independiente» -según recalcó-, que actualizará este mes las cifras de 2011.
Según informó el Gobierno español, las ayudas a la banca elevaron el desequilibrio de las cuentas públicas en 2011 del 8,9% del PIB al 9,4%, en tanto que el de 2012 llegará al 7,4%.
No obstante, Rehn explicó que la recapitalización de la banca es una operación «one-off» (que ocurre una sola vez) y, por tanto, «es de esperar» que no sea considerada como parte del déficit estructural.
En cualquier caso, desde Bruselas se confirmó ayer que esta desviación del objetivo de déficit será considerada como «inevitable y puntual», con lo que previsiblemente no se tendrá en cuenta a efectos del programa de corrección de déficit.
El comisario europeo consideró factible que el Estado español reduzca el déficit público este año al 6,3% del PIB comprometido, que será del 7,4% incluyendo las ayudas a la banca.
El ministro de Economía insistió en que ese déficit adicional no requerirá nuevas medidas para ser subsanado y especificó que el de 2011 se corresponde con las ayudas a Novacaixagalicia Banco, Catalunya Banc y Unnim, en tanto que el de este año es achacable a lo desembolsado para Bankia y Banco de Valencia.
Respecto a la previsión de que el nivel de deuda se sitúe en el 90,5% del PIB en 2013, De Guindos dijo que no solo responde a la contabilización de la ayuda europea a los bancos, sino también a otros factores como el plan de pago a proveedores y la parte que paga el Estado español de los préstamos europeos a los países rescatados (Grecia, Portugal e Irlanda).
En cualquier caso, insistió en que la parte de la deuda asociada a la recapitalización de la banca por parte de Europa tiene unas condiciones muy distintas del resto de la deuda, puesto que es un préstamo a 12 años y medio, con carencia los diez primeros años y unos intereses «muy reducidos».
La CE, lista para el rescate
En referencia al rescate de las finanzas estatales, el comisario europeo aseguró que la Comisión Europea está lista para atender cualquier petición de ayuda del Estado español al fondo europeo de rescate permanente, aunque insistió en que de momento no ha habido tal solicitud.
Durante la rueda de prensa, Olli Rehn dijo que están los instrumentos necesarios preparados ante el Mecanismo de Estabilidad Financiera (MEDE). «No existe tal petición por parte de España», aclaró aunque «la zona euro tiene la caja de herramientas para lograr la estabilización de los mercados, que además ha sido reforzada con el anuncio del BCE de su programa de compra de deuda».
Condicionalidad
Rehn también aseguró que todos los países de la zona euro «son conscientes» de la condicionalidad de la utilización de cualquier programa de ayuda y puntualizó que dichas condiciones son las que acordaron los 27 países de la UE en la última cumbre de finales de junio.
«En estos meses se ha hablado en profundidad de ello en el Eurogrupo y tienen conocimiento todos los países miembros de la zona euro», recalcó Olli Rehn, tras indicar que las condiciones son las que definen las recomendaciones de la Comisión Europea.
El comisario aseguró que las condiciones de una ayuda financiera basadas en las recomendaciones por país establecen unas prioridades políticas claras y unos calendarios. «Comprendo las dificultades a las que se enfrenta España, pero las recomendaciones de la CE son para crear las condiciones de una recuperación económica sólida y retornar a un crecimiento sostenible», puntualizó.
Rehn advirtió de que todos los países miembros de la zona euro deben cumplir con los compromisos firmados sobre la utilización del MEDE. Así, en relación a la negativa de algunos estados para que el Estado español pida ayuda europea fue tajante al asegurar: «No tengo motivo alguno para dudar de que todos y cada uno de los Estados miembros honrarán los compromiso adquiridos».
No obstante, lamentó que «se haya convertido en algo habitual que los estados miembros de la UE hagan declaraciones individuales».
El comisario europeo insistió en que el Ejecutivo español «está haciendo lo que tiene que hacer» en cuanto a la reforma financiera, la consolidación fiscal y las reformas estructurales para crear crecimiento.
Por su parte, el ministro de Economía reiteró que el Gobierno tomará la decisión que sea oportuna sobre las necesidades de la economía española una vez que el BCE ha anunciado su disposición a la compra de deuda soberana en los mercados secundarios.
Asimismo, preguntado Olli Rehn sobre la posibilidad de que el Estado español no necesite ninguna petición de ayuda al MEDE, insistió en que no quiere adelantarse a posibles desenlaces y que la comisión trabaja ahora intensamente en el saneamiento a la banca española, el proceso de consolidación fiscal y su agenda de reformas estructurales.
La agencia de medición de riesgos Moody's cree que los 53.700 millones de euros que necesita la banca española, según aseguró el viernes la consultora Oliver Wyman, pueden resultar insuficientes para recuperar la confianza de los inversores y para garantizar la estabilidad del sector.
Según el informe semanal de Moody's, la banca española necesitará entre 70.000 y 105.000 millones para recapitalizarse y hacer frente a posibles pérdidas, unas cifras muy superiores a las estimadas por Oliver Wyman y a los 40.000 millones que prevé pedir el Ejecutivo de Rajoy.
Pese a estos recelos, Moody's señala que el proceso de recapitalización de la banca es positivo y contribuirá a mejorar la solvencia de las entidades afectadas, así como a recuperar la confianza en el conjunto del sector financiero español, lo que tendría un efecto positivo en la calificación crediticia del Estado español, que la agencia debe revisar en los próximos días. Destaca que solo los tenedores de deuda subordinada y de productos híbridos, como participaciones preferentes, van a asumir pérdidas.
Quien sí dio por buenas las cifras de Oliver Wyman fue el ministro español de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, quien, junto con el comisario europeo Olli Rehn, calificó de «buenas noticias» que solo se vayan a pedir 40.000 millones, de los 100.000 millones puestos a su disposición por Europa.
Durante la rueda de prensa conjunta, el ministro admitió que esta ayuda va a acarrear «sacrificios» a los ciudadanos, aunque añadió que «tiene que tener su correspondiente correlato en la moderación salarial de los banqueros».
Por su parte, el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, avaló el déficit de capital de 24.743 millones de euros identificado en la prueba de esfuerzo de Oliver Wyman y pidió el compromiso de los empleados para reflotar la entidad a través de una carta enviada el pasado viernes a los 20.000 trabajadores de la entidad nacionalizada.
Otra de las entidades que suspendieron el test de estrés de Oliver Wyman con un déficit de capital de 3.200 millones de euros es el Banco Popular, que ayer anunció que creará un «banco malo» para gestionar sus activos tóxicos del ladrillo y suspenderá el reparto del dividendo del cuarto trimestre.
Estas decisiones se inscriben en el plan acelerado de recapitalización de la entidad, que también prevé acometer una ampliación de capital de hasta 2.500 millones de euros para eludir la inyección de dinero público. GARA
El comisario de asuntos económicos de la Comisión Europea, Olli Rehn, admitió que las medidas que está adoptando el Estado español para superar la crisis «son difíciles para las familias y las empresas».
El Gobierno español ha vuelto a congelar en 2013 el Indicador Público de Rentas con Efectos Múltiples (Iprem), índice que se utiliza como referencia para la concesión de becas, ayudas, subvenciones o el subsidio por desempleo, y que queda fijado en 532,51 euros mensuales.
Luis de Guindos reconoció que actualmente el Estado español se encuentra en una situación de «estanflación» ya que la economía está cayendo al mismo tiempo que la inflación ha subido en los últimos meses, pero aseguró que se trata de un crecimiento «puntual» por la subida del IVA.
«Las medidas que afectan a las pensiones dejan en evidencia que no hay espacio para el diálogo social. Solo sirve para dar cobertura a una política ultraliberal, que es el mayor ataque de la historia a los derechos sociales».
Criticó que se está perdiendo la oportunidad de modificar la política fiscal favorable a los poderosos «ya que no se hace nada en las haciendas forales».
