Un agente social más -y de peso- ha mostrado su apoyo a la petición de una nueva Colectividad Territorial Específica para Ipar Euskal Herria. La Cámara de Comercio e Industria (CCI) de Baiona, que integra a los sectores económicos de Lapurdi, Nafarroa Beherea y Zuberoa, ha hecho saber su apuesta decidida por un nuevo modelo institucional.

La propuesta, votada el 5 de octubre y avalada por el 86,3% de la asamblea, se posiciona claramente por la estructura de colectividad territorial con competencias particulares.

Este nuevo apoyo a la creación de la colectividad territorial llega en vísperas de la reunión que se celebrará en París con la ministra para la Descentralización, Marylise Lebranchu. El 11 de octubre una delegación de cargos electos trasladará a la ministra el planteamiento del Consejo de Desarrollo, aprobado por el Consejo de Electos.

La CCI se declara totalmente favorable a dicho proyecto: «La propuesta de creación de un Consejo General con competencias propias responde a muchos de los principios que rigen esta Cámara de Comercio e Industria».

Según la CCI, la futura institución deberá contar con todas las competencias del departamento y otras que sean reflejo de la especificidad del territorio vasco, en particular, a las directamente ligadas a su ámbito de acción, es decir, a «la capacidad de negociar un proyecto de desarrollo económico, ordenación territorial, cooperación transfronteriza y también el ámbito cultural y lingüístico».

Añade, además, que «el ejercicio de dichas competencias y la puesta marcha de las políticas públicas por la nueva colectividad territorial deben tener como objetivo el ahorro de medios y la sobriedad fiscal». Es por ello que la CCI considera que la nueva colectividad territorial «deberá poder negociar con operadores públicos, con lo que se evitará la creación de estructuras suplementarias y costosas».

Contribución histórica

La CCI se ha sumado a la petición del Consejo de Electos y del Consejo de Desarrollo, del que es «miembro fundador activo», tanto porque apoya la creación de una institución propia desde el siglo XIX como por factores más actuales.

Entre ellos constata «la evolución reciente de nuestro entorno socio-económico» en los que se enmarca la iniciativa emprendida por el Gobierno -el Acto III de la descentralización- «cuyo objetivo es reforzar la democracia territorial».