LAS FINANZAS PÚBLICAS ANTE LA CRISIS | Helena Franco, diputada de Hacienda y Finanzas de Gipuzkoa
«La creación de un Estado vasco es, más que nunca, una cuesión de supervivencia»
Iñaki TELLERIA | DONOSTIA
Al desfase que se encontró en las cuentas de Gipuzkoa al llegar al departamento de Hacienda, Helena Franco tiene que añadir las medidas que decreta el Gobierno de Mariano Rajoy.
¿Cómo valora los límites de déficit y deuda que se impusieron en la conferencia de presidentes autonómicos?
Se nos están imponiendo decisiones desde otras instancias atendiendo a realidades y necesidades que no son las nuestras, las de Euskal Herria, y que suponen un hándicap muy grande para la recuperación y reactivación de la economía vasca. Los límites que acordaron en esa conferencia son muy exigentes en déficit y deuda, y nos llevan a un ajuste excesivamente rápido y traumático. El ritmo de adecuación para estos ratios hasta el año 2020 es excesivamente exigente y contraproducente teniendo en cuenta la situación económica. Además, las referencias son siempre los niveles de crecimiento y endeudamiento del Estado español y no los de nuestras instituciones.
¿En qué contexto reciben estas instrucciones?
Desde que llegamos a la Diputación de Gipuzkoa venimos diciendo que en los últimos años no ha crecido la riqueza sino que aumentaron las deudas y que había que terminar con el exceso de gasto. Entonces y ahora sigue siendo necesario pensar qué gastos son necesarios y cuáles son prescindibles, dónde es más eficiente gastar más, quién debe aportar más, cómo establecemos la fiscalidad... Es la línea que estamos manteniendo para equilibrar los recursos y volver a un endeudamiento controlado. Nos reafirmamos en esta línea, pero sin imposiciones. Debemos ser nosotros quienes decidamos a qué ritmo y forma realizamos esa transición hacia una política presupuestaria más responsable y sensata.
¿Son asumibles esos números impuestos? ¿Se pueden cuadrar?
En los términos en que está redactada la Ley de Estabilidad Presupuestaria y los límites que introduce, creemos que es de imposible cumplimiento para Gipuzkoa. Como alternativa, estamos desarrollando una nueva iniciativa. Ya que el actual marco faculta a la Diputación para ejercer la tutela financiera de los municipios, estamos preparando una norma foral sobre estabilidad presupuestaria de las entidades locales de Gipuzkoa manteniendo los objetivos de estabilidad presupuestaria exigidos por Europa para hacer nuestro propio camino, adecuado a la realidad de Gipuzkoa. Por contra, el sacrificio que exige cumplir a rajatabla los criterios establecidos desde el Estado es inasumible.
¿Cómo valora la subida del IVA decretada por el Gobierno de Mariano Rajoy?
Estamos en contra. Nos parece que incrementar la imposición indirecta y regresiva, que afecta a todos por igual independientemente de los niveles de renta de cada uno, no es la vía para mejorar la recaudación y menos en un momento de crisis. Nosotros estamos apostando por modificar impuestos directos. Lo que ocurre es que con el IVA no tenemos margen de actuación. Vuelve a aflorar el problema de que la soberanía en este aspecto es limitadísima. Los impuestos indirectos, el IVA y los impuestos especiales, que son el 50% de la recaudación, son competencia exclusiva del Estado. A nivel jurídico hay que aplicar lo establecido desde el Estado. No tenemos capacidad normativa para establecer los tipos.
¿Qué consecuencias tendrá la negativa de las Juntas Generales a ratificar este decreto de obligado cumplimiento?
Jurídicamente está muy claro que no sirve. Había un titular en un medio que decía «Hacienda decide que se aplicará el IVA derogado por las Juntas Generales». Yo lo corregiría y pondría «Diga lo que diga Hacienda se tiene que aplicar el IVA». Tiene que quedar claro que no tenemos competencias al respecto, ni la Diputación ni las Juntas. El aspecto más interesante del posicionamiento en contra tanto de Gipuzkoa como de Araba es el elemento político que hay detrás de todo esto. Refleja un sentimiento creciente de cuestionamiento del marco jurídico y de reivindicación de una mayor soberanía y de una mayor capacidad de decisión de Euskal Herria, también en lo económico. Es un momento muy interesente para empezar a articular un gran acuerdo en torno a la necesidad de la soberanía política y económica con la participación de todos los agentes sociales. Hay que crear las bases para la confrontación democrática con el Estado.
¿Han planteado alguna iniciativa en este sentido?
Desde el Gobierno foral hemos hecho más de una invitación al resto de instituciones de la comunidad autónoma para adoptar posiciones comunes ante lo que creemos que son ingerencias inasumibles por parte del Estado. Vamos a seguir por esa vía para, también desde el campo institucional, aportar para crear las condiciones para ese gran acuerdo de supervivencia y futuro de nuestro pueblo. Digo también desde las instituciones porque primero se debe contar con la complicidad de la ciudadanía y que se vaya generando un gran movimiento social en el sentido de la confrontación democrática.
¿Es la soberanía el principio de la solución? Los contrarios a ella insisten en que supondría la ruina para Euskal Herria.
La falta de capacidad de decisión no hace más que generarnos dificultades adicionales para afrontar los problemas. Por ejemplo, la Ley de Estabilidad Presupuestaria encorseta nuestra capacidad de utilización de la política como elemento de reactivación económica; además, a través de la legislación básica se van produciendo injerencias en nuestras competencia como las condiciones laborales y salariales de los trabajadores del sector público o la regulación del comercio; la apuesta por incrementar la presión fiscal por la vía de impuestos indirectos -el IVA o el impuesto sobre la renta de la energía eléctrica- nos limitan a actuar por la vía de la imposición directa. Está también el establecimiento unilateral por parte del Estado del importe del cupo y su cobro. Por otro lado, está la preocupante improvisación del Gobierno de Rajoy anunciando cada poco tiempo medidas que no se sabe si son temporales o permanentes y que generan un incertidumbre absoluta. Cada vez es ya más clara la necesidad de la soberanía económica. Desde que estoy en la responsabilidad que ocupo, cada vez veo más claro que la creación de un Estado vasco es, más que nunca, una cuestión de supervivencia, también en lo económico.
¿Sería suficiente con una reforma del Estatuto y del Concierto?
Tenemos que ser ambiciosos en nuestras reivindicaciones como pueblo, porque está en juego nuestra supervivencia. Ir a base de retoques del actual marco jurídico o de modificar el Concierto Económico, nos sigue dejando sometidos a los intereses y a la voluntad del Estado, y no soluciona el problema. Hay que ir más allá y éste es el momento de dar ese paso. Las condiciones políticas y económicas nos exigen valentía.
¿Cómo valora el retraso de la reunión del Consejo Vasco de Finanzas hasta después de las elecciones ?
Me parece un error. El Consejo de Finanzas de octubre tiene una función concreta, que es preparar la previsión de ingresos de las administraciones forales para el ejercicio siguiente y para ello se parte de la estimación más actualizada de la recaudación a lo largo de 2011. No entiendo qué hay que ocultar, los datos están encima de la mesa, son conocidos. Por lo menos nosotros controlamos la evolución de la recaudación día a día y damos cuenta de ello públicamente.
¿Mantiene su previsión de que la recaudación solo bajará al cierre de este año un 0,5% respecto a 2011?
Creemos que vamos incluso a mejorar un poco esta cifra y que la recaudación de 2012 va a mantenerse en los niveles de 2011. Se ha recaudado prácticamente lo mismo que en 2011, lo cual es una buena noticia, un buen dato que quiere decir que no se ha producido un descalabro generalizado ni de las rentas ni de la actividad económica en Gipuzkoa y nos reafirma en las medidas que estamos adoptando. Pero hay que tener en cuenta que la recaudación tiene otro factor y es el descuento que el Estado aplica debido al cobro de las discrepancias en materia de cupo.
¿Cómo ve al resto de territorios?
Nuestra recaudación está aguantando mejor que en el resto. Además, donde mejor se aprecian esas diferencias es en los impuestos directos (IRPF, Patrimonio, sociedades...), que son precisamente en los que tenemos competencias normativas y donde mejor se puede evaluar el impacto de las medidas de reforma fiscal. Si analizamos los datos, podemos ver que a 31 de agosto el incremento en Gipuzkoa fue del 4,6% respecto al mismo periodo de 2011, frente a una caída del 3,4% en Araba, y un pequeño aumento de solo el 0,6% en Bizkaia y del 0,11% en Nafarroa; los datos son suficientemente elocuentes. Para que luego nos vengan diciendo que con nuestros cambios en fiscalidad no hemos conseguido mejorar la recaudación... Aunque detrás de ese discurso, quizás lo que se pretende realmente es cuestionar la orientación de esos cambios, es decir, el hecho de aumentar el nivel de exigencia fiscal a los más favorecidos y pudientes.
¿Cómo ha influido la recuperación del impuesto de Patrimonio?
Gracias, en parte, a esta medida y al resto de modificaciones introducidas, hemos conseguido que las cuentas públicas puedan resistir en un contexto difícil. Digo en parte, porque también hay que tener en cuenta la mejora de la gestión tributaria y la voluntad clara en la lucha contra el fraude fiscal. Todo ello está dando unos frutos que se reflejan en la mejora de resultados. Son las dos grandes líneas maestras que se planteaba este Gobierno en el ámbito de la Hacienda, una fiscalidad justa y progresiva y tolerancia cero al fraude fiscal.
El nuevo impuesto de la riqueza y las grandes fortunas, ¿qué mejoras acarreará?
La mayor virtud de este nuevo impuesto es que cierra las dos principales vías de elusión para los grandes patrimonios. Una vía era el escudo fiscal, es decir, el límite que se establecía al pagar conjuntamente por los impuestos de renta y patrimonio, que no podía ser superior al 60% de la renta que se declaraba en el IRPF. Con lo cual encontrábamos situaciones en las cuales un contribuyente podía tener un enorme patrimonio de muchos millones y una renta muy pequeña. Esto daba lugar a maniobras de ingeniería fiscal para tener muy poca renta e ir acumulando cada vez más patrimonio. La otra vía es la eliminación de la exención a las empresas familiares y se introduce una bonificación del 75% para los patrimonios afectos a este tipo de empresas, lo que permite controlarlos y desincentivar la creación de este tipo de empresas con el objetivo exclusivo de eludir el pago del impuesto.
¿No temen, como dicen algunos, que los ricos salgan huyendo?
Siempre que se pretende instaurar una medida de corte progresista y de cuestionamiento del sistema, aparecen este tipo de amenazas. Hay países que tienen este tipo de impuestos y no veo que la gente se deslocalice de manera masiva, porque en las sociedades democráticas y avanzadas se sabe que el bienestar social es un elemento que favorece a todos.
¿Quiere decir que Gipuzkoa se asemejará a Islandia o Noruega?
Sí porque son impuestos sobre la riqueza modernos y más justos, y no solamente en su definición sino también en su eficacia para gravar los patrimonios en su verdadera magnitud. Sería conveniente su implantación en el conjunto de Euskal Herria, porque es una aportación muy importante hacia una sociedad más justa y solidaria. I.T.
