El mensaje de Arnaldo Otegi en el acto político de EH Bildu en el BEC no ha gustado al Gobierno español y la prueba es que, pocas horas después de que Instituciones Penitenciarias anunciase la noche del sábado el inicio de un expediente disciplinario, la cárcel de Logroño prohibió ayer todas las comunicaciones al dirigente independentista. La primera noticia sobre el castigo la tuvo una amiga que acudía a visitarle, a la que los guardias civiles le impidieron el acceso a la prisión e informaron de la orden verbal que les había transmitido la dirección, de «que se han suspendido las comunicaciones al preso».

Poco después, esa persona acudió al Juzgado de Guardia de Logroño a presentar una denuncia contra el director de la cárcel, por si hubiese incurrido en algún delito o responsabilidad legal. Esta ciudadana, que recorrió 400 kilómetros para visitar a Otegi, fue acosada por agentes de paisano que llegaron a presentarse en el lugar donde interpuso la denuncia, en la primera planta del Palacio de Justicia.

Más tarde, las agencias informaron, citando fuentes de Instituciones Penitenciarias, de que la dirección de la cárcel de Logroño había prohibido temporalmente todas las comunicaciones a Arnaldo Otegi, medida cautelar que se había puesto en conocimiento del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, cuyo titular es José Luis Castro.

La izquierda abertzale manifestó, a través de una nota de prensa que «con la incomunicación impuesta a Arnaldo Otegi, Madrid no hace sino confirmar la tesis expuesta en el BEC: El Estado está débil». En su opinión, «el Estado está débil a todos los niveles, pero sobre todo carece de argumentos y oferta política para nuestro pueblo». «El Estado español teme y rehuye el debate político, ya que se sabe perdedor».

La sanción, según se desprende de la escasa información que se dio a la persona que se quedó sin ver al político elgoibartarra preso, afectaría a las visitas, llamadas telefónicas y cartas. La abogada de Arnaldo Otegi, Jone Goirizelaia, incidió en la «medida excepcional» adoptada, ya que tal y como explicó a GARA, ni en el reglamento ni en la ley penitenciaria queda recogido que esté «expresamente» prohibido efectuar una grabación como la que hizo este dirigente referencial de la izquierda abertzale para que se escuchase en el acto de Barakaldo.

Goirizelaia, que aguardaba ayer a la tarde una llamada telefónica de su defendido, ya que en principio la restricción no afectaría a esas comunicaciones, destacó que sorprende el castigo cuando aún no ha podido tramitarse por razones de tiempo el expediente administrativo que el sábado a la noche se anunció por parte de Instituciones Penitenciarias y no se ha podido investigar. La letrada manifestó que aguarda a conocer más detalles de la sanción para interponer el correspondiente recurso.

La celeridad con la que el Ejecutivo español ha actuado contrasta, apuntó Goirizelaia, contrasta con las repetidas filtraciones periodísticas de las conversaciones íntimas de Otegi con sus familiares y allegados, publicadas especialmente en el diario ``El Mundo''. La abogada añade que es sabido que las comunicaciones del político independentista de izquierda preso están intervenidas y controladas en todo momento, al objeto de «prevenir la comisión de cualquier delito», aunque ello, apostilla, no permite que se difundan a través de los medios de comunicación opiniones o comentarios políticos, tal y como viene sucediendo.

Es por ello que son varias las denuncias interpuestas en los juzgados de Madrid contra el diario que dirige Pedro J. Ramírez y la periodista Ángeles Escriva, que firma esas informaciones en el citado rotativo, que continúan su trámite. Jone Goirizelaia incidió en el detalle que una y otra vez la Fiscalía se viene oponiendo a que se prosiga con ellas.