Durante los últimos días se suceden las declaraciones de responsables políticos y económicos aludiendo a la urgencia de que España solicite cuanto antes el rescate que desde el Banco Central Europeo, en términos aún genéricos, se le ha ofrecido. Entre ellas han sobresalido, lógicamente, las de responsables de los grandes bancos, los más directos interesados en la recepción de estos fondos.

Entre estas declaraciones han destacado por su originalidad las de algún conocido responsable político y económico que ha aludido a que, una vez que España va a ser rescatada, mejor que se consigan 250.000 millones que 50.000.

Es difícil calificar la irresponsabilidad de estos posicionamientos. Y ello tanto desde la perspectiva europea como desde la perspectiva española.

Desde la perspectiva española, porque es un paso más en el incremento de un endeudamiento que es ni más ni menos que el problema estructural fundamental al que se enfrenta la economía española para reemprender la senda del desarrollo económico.

Por supuesto, como todas las operaciones de endeudamiento, parece extraordinariamente atractiva a corto plazo. España recibiría dinero «barato» del Eurogrupo a cambio de cesiones de soberanía que, al parecer, a nadie importan y de recortes sociales y subidas de impuestos que, aparentemente, sólo pueden generar bondades para la economía española. Cualquiera pensaría que los impuestos en España no son más que un lastre y no un instrumento necesario para financiar los organismos públicos, y que cualquier gasto público, incluso en I+D, educación, equipamiento, puede reducirse sin que ello genere otra cosa que efectos beneficiosos para el desarrollo económico español. Sorprendente.

Pero, como hemos explicado anteriormente, los beneficios de esta operación no van a ir a parar a la economía española. Sus beneficiarios directos van a ser los grandes bancos (en concreto, BBVA, Grupo Santander y CaixaBank) tenedores de deuda pública española a los que el BCE ha prometido adquirir deuda directamente. La prima de riesgo, lógicamente, se reducirá a corto plazo, pero no porque se haya mejorado en absoluto la situación estructural ni de la economía ni de las finanzas públicas españolas.

Ya hemos repetido que si realmente se tratase de una operación destinada a ayudar a la economía española no sería el Banco Central Europeo su protagonista sino, en todo caso, como hemos venido proponiendo repetidamente desde EKAI Center, el Banco Europeo de Inversiones.

Beneficiarios de esta operación son ni más ni menos que los grandes bancos españoles y europeos. Esta, y no otra, es la razón de que los responsables de entidades como BBVA o Bankinter hayan aparecido públicamente instando al Gobierno español a solicitar cuanto antes el rescate.

De tanta o mayor importancia como el destino es el origen del rescate. Y aquí, una vez más, debemos reprochar activamente a los supuestos «líderes» económicos o políticos españoles su irresponsabilidad.

Los recursos aportados por el BCE y por las instituciones del Eurogrupo no salen de la nada. Los pagamos todos los europeos. Las familias, las empresas y los gobiernos. Que un líder político autodenominado «progresista» haga este tipo de declaraciones sobre el rescate, diciendo que «cuanto antes mejor» y «cuanto más mejor» es de una irresponsabilidad difícil de calificar.

Es razonable que el gobierno español sea todo lo prudente que sea necesario a la hora de concretar la fecha y la cuantía del rescate a solicitar a la Eurozona. Progresista es, en todo caso, la actitud de Holanda, Alemania y Finlandia resistiéndose a este nuevo paso en el saqueo de la economía real europea a favor de los grandes bancos.

Sustituir la reestructuración del sector bancario por el rescate europeo es una mala solución. Mala para Europa y mala para España.

El problema de España no es un problema coyuntural de necesidad de recursos financieros a corto plazo. Es un problema estructural de sobreendeudamiento. Recibir otros 50.000 ó 100.000 millones puede aliviar un problema coyuntural de financiación pública, pero agravará el problema estructural de endeudamiento de España, Y ello ya se canalice directamente a las cuentas públicas o directamente hacia el sector bancario.

Como excepción, la deuda española no se incrementa directamente si se utiliza el previsto mecanismo de adquisición por el BCE de deuda pública española en el mercado secundario. Pero, como han puesto de manifiesto repetidamente los países avanzados, esta operación no tiene otro objeto que facilitar el incremento del endeudamiento público español a un precio menor, con lo que el resultado final es equivalente. Como sucede de una forma u otra en todas estas operaciones de rescate, el resultado último es que, finalmente, las posibilidades de que España financie los trasvases de recursos al sector financiero se facilitan notablemente.

Estas operaciones de rescate, en definitiva, sólo tienen un efecto coyuntural de apoyo a estrategias de fondo que deben resultar eficaces en la reducción del sobreendeudamiento de la economía española.

Mientras tanto, la deuda pública española alcanza ya un 76% del PIB español. Y la carga de intereses de la deuda prevista en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2013 alcanza la suma de 38.590 millones, con un 33,8% de incremento sobre el año anterior.

¿Qué sentido tiene en este contexto aumentar la deuda pública o privada española? Únicamente lo tendría en caso de que se tratara de una necesidad estrictamente temporal -que no es el caso- o bien de recursos que pudieran destinarse a incrementar la productividad o eficiencia de la economía española. En lugar de esto, estos recursos irán destinados, como sabemos, a mejorar la liquidez y las cuentas de resultados de las entidades bancarias.

España no necesita un rescate. Necesita reestructurar su deuda y reestructurar su sector bancario. Si hay problemas en la captación de deuda pública, deben resolverse a través de una menor necesidad de gasto público en el rescate financiero, sustituyendo el rescate por la reestructuración bancaria.

El problema es que España continúa endeudándose no para financiar una estrategia anti-crisis de ajuste o de expansión del gasto, sino, simplemente, para ganar tiempo y para resolver los problemas del sector bancario.

La conclusión de todo esto es que, en nuestra opinión, si hablamos del previsto rescate europeo, «cuanto menos mejor». Mejor para España y mejor para Europa.