El Gobierno de Colombia ha anunciado la puesta en marcha de un programa especial de protección para miembros supervivientes de la Unión Patriótica (UP) y el Partido Comunista Colombiano (PCC), dando así cumplimiento a la solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que instaba a Bogotá a «adoptar medidas cautelares para salvaguardar la vida de los miembros, militantes, sobrevivientes y dirigentes de esas organizaciones» de la izquierda. La UP nació tras un primer proceso de paz con las FARC en los 80 y sufrió el exterminio de unos 5.000 de sus integrantes a manos de paramilitares y organismos del Estado.