En apenas siete días, en un mismo escenario -el BEC-, Iñigo Urkullu y Arnaldo Otegi han dibujado cuáles son sus propuestas para el próximo debate político sobre el marco. Un diálogo multipartito que se da por seguro por tres cuestiones endógenas (la recuperación de un parlamento sin exclusiones, la segura y rotunda mayoría abertzale y la coincidencia en que el Estatuto de Gernika está cuando menos obsoleto) y por otras más exógenas (la crisis del Estado español, la deriva catalana, el punto cuarto de la Declaración de Aiete...). Se articule como se articule, sea donde sea, resulta indudable -e imposible de impedir una vez concluida la acción armada de ETA- que ese diálogo se producirá, así que todos los partidos van tomando posiciones en esta campaña.

Volviendo al principio, Urkullu y Otegi coinciden en que hace falta un nuevo marco jurídico, en que la cuestión tiene que abordarse y en que el derecho a decidir debe ser la nueva clave de bóveda. Pero a partir de ahí llegan las diferencias.

Así, el dirigente del PNV ha recuperado el planteamiento de entrada de Juan José Ibarretxe que incidía en el derecho a decidir vasco pero lo abocaba irremediablemente al pacto con el Estado español. Es lo que se desprende de su intervención en el Bizkaia Arena, donde dijo que el nuevo estatus que plantea el PNV para 2015 debe mantener la línea histórica de «cohabitación responsable» con el Estado español, dentro de un esquema de «bilateralidad efectiva» y «soberanías compartidas mirando a Europa». Todo esto lo etiqueta Urkullu así: «Derecho a decidir sujeto a pacto».

Frente a esta ambigüedad, Otegi fue mucho más claro en la intervención grabada desde la cárcel de Logroño para el acto central de EH Bildu. El líder independentista preso animó al diálogo para buscar un nuevo acuerdo, pero dijo que primero los independentistas de izquierda deben hacerse una pregunta: «Tras décadas de oferta permanente al Estado español para un acuerdo de mínimos democrático, ¿es posible aún? ¿Podemos dar por bueno un marco que no acepte la plena soberanía?». Y se respondió a sí mismo acto seguido: «No. El ciclo de la autonomía se ha acabado».

Este cruce de mensajes refleja pues cuáles son las dos opciones principales en juego para la próxima legislatura: reformar el actual Estatuto sobre la base de un derecho a decidir restringido, lo que podría ser un cierto avance pero en ningún caso un salto en el esquema diseñado hace 35 años, o cambiar de raíz ese marco para abrir al fin las puertas a todas las opciones, incluida la independencia.

Hay otras propuestas, claro, pero a las que se augura mucho menos respaldo electoral: desde el PP que quiere dejar todo como está al PSE que abre la puerta a una reforma estatutaria continuista y se previene contra una consulta. Ezker Anitza postula el federalismo y UPyD una recentralización.

¿Otra opción a Madrid o no?

El planteamiento de Urkullu ha sido elogiado por medios españoles como ejemplo de moderación en las actuales circunstancias de crisis económica que acucia al Estado, y tácticamente se justifica como un intento de no asustar al PSE para evitar la repetición del choque de «frentes» producido tras el Acuerdo de Lizarra-Garazi y prolongado hasta mediados de la pasada década (desde 2007, el debate político sobre el marco simplemente ha estado desaparecido).

Sin embargo, resulta evidente también que ambas situaciones históricas no son equiparables. Si las previsiones se cumplen, la ciudadanía de la CAV ya no está dividida en dos mitades, sino que los soberanistas tendrán un porcentaje histórico de dos tercios en el Parlamento. También es notorio que en todos estos años el Estado español no ha dado opción alguna de acuerdo, con el portazo del Congreso a Ibarretxe en 2005 y el rechazo del PSOE al acuerdo político en el último intento del proceso de negociación en 2007 como ejemplos más nítidos. Y, junto a ello, resulta obvio que el contexto general ha cambiado, por la crisis global del Estado español o los procesos soberanistas en marcha en Catalunya, Escocia, Flandes o Quebec. Todo ello llevó a Otegi el sábado a dejar caer que el tren vasco se le ha escapado al Estado español, que tras rechazar las opciones de finiquitar el conflicto vasco mediante una solución política pactada, ahora se ha abocado a sí mismo a enfrentarse a una demanda independentista pura y dura.

Loiola, en el programa jelkide

La contundencia de las voces de Urkullu y Otegi se ha sobrepuesto por encima de los programas, que son más matizados. Así, la candidata a lehendakari de EH Bildu, Laura Mintegi, centra más su discurso en proponer acuerdos amplios para avanzar hacia el derecho a decidir, siempre teniendo la «Euskal Herria libre» en el horizonte como opción preferida. Por su parte, en el programa del PNV no existen tantas matizaciones y adjetivos para el derecho a decidir como las que verbaliza Urkullu.

Además, llama la atención que en el programa del PNV se incluye una reivindicación de «las bases del que pudo haber sido Acuerdo de Loiola», negociado a tres bandas por los jelkides, el PSE y la izquierda abertzale en 2006. El PNV plantea ahí cosas que no coinciden con el discurso de su líder, como esta: «Necesitamos un acuerdo de mayorías con amplia base, que debe incorporar la igualdad de condiciones para materializar cualquier proyecto político, algo que no ocurre en la práctica, porque mientras el PP o el PSOE tienen constitucionalizada su nación, la sociedad vasca no tiene reconocido el derecho».