Comenzaron siendo los héroes de la revolución, pero ahora se han convertido en los acusados de todos los males que castigan al país. Un año después de la caída del Gobierno de Muammar Gadafi, los rebeldes libios se niegan a desarmarse y dejar de organizarse en milicias no gubernamentales pese a todos los intentos del nuevo Gobierno.

«Uno de los mayores desafíos en Libia es controlar estas milicias bien armadas y poner fin a sus abusos», asegura Peter Bouckaert, director de emergencias de la división de Human Rights Watch, en un informe de las ONG de derechos humanos publicado el miércoles.

Este informe resalta la incapacidad de las autoridades para juzgar a miembros de las milicias acusados de ejecuciones extrajudiciales.

Los nuevos gobernantes del país luchan por imponer su autoridad en las brigadas rebeldes que lucharon contra el Gobierno de Gadafi en 2011 y algunos creen que su legitimidad, forjada en la primera línea, es más fuerte que la de las autoridades elegidas para dirigir el país.

Los exrebeldes son acusados por el nuevo régimen de impedir la formación de un Ejército y una Policía regulares y criticados por las ONG por violaciones graves de los derechos humanos, particularmente contra los partidarios del antiguo Gobierno.

Estos hombres, en su mayoría jóvenes, se quejan de haber sido marginados por las autoridades de transición y advierten de que habrá un «vacío de seguridad pública» si abandonan sus armas.

El Gobierno libio ha contado hasta ahora con estas milicias, entre las que hay grupos islamistas, para garantizar la seguridad del país desde que los rebeldes derrocaron al régimen de Gadafi en octubre del año pasado.

El actual Ejecutivo intentó un plan de integración de los milicianos en las fuerzas regulares, pero fue suspendido tras la negativa de la inmensa mayoría de ellos a ser reclutados de manera individual.

Las nuevas autoridades decidieron, entonces, integrar a las milicias completas, con sus armas y sus líderes. En consecuencia, perdieron el control sobre estos grupos. «Fue un error fatal por parte del Ministerio del Interior», reconoce ahora el mismo Gobierno.

Segunda revolución

Uno de los jefes de seguridad en Bengasi (este), Ibrahim al-Barghathi reconoce que los exrebeldes, que llenaron el vacío de la caída del aparato militar del Estado a raíz del derrocamiento del anterior Gobierno, son los verdaderos amos del país, frente a la pasividad de los gobernantes, que en ocasiones se aprovechan de las milicias en sus batallas, como es el caso de Bani Walid,

«Les incumbe a las nuevas autoridades demostrar que son dignos de la sangre de nuestros mártires y heridos de la revolución, de lo contrario habrá una segunda revolución para cambiar la situación actual», advirtió un exrebelde de Bengasi, Osama al-Dali.

El Ejército y la Policía, por otro lado, se ven impotentes frente a las milicias fuertemente armadas, mientras que los oficiales están siendo el blanco de una ola de atentados en Bengasi.

Estos ataques han sido atribuidos a militantes islamistas que fueron liberados de las cárceles de Gadafi y a los yihadistas libios que estaban en el exilio o que han regresado de Afga- nistán e Irak a raíz de la revolución.

Los observadores del país durante este tiempo, han advertido en contra de la creciente influencia de los grupos yihadis- tas vinculados a Al-Qaeda, especialmente después del ataque contra el consulado de EEUU en Bengasi el 11 de setiembre, que causó la muerte del embajador de EEUU y otros tres funcionarios estadounidenses.