La sociedad civil mantiene el clamor que viene expresando en las últimas semanas y organizaciones sociales, víctimas, indígenas y exparamilitares elevaron de nuevo su voz ayer para reivindicar, mediante comunicados o movilizaciones, su participación en el proceso de diálogo abierto por el Gobierno y las Fuerzas Armadas de Colombia (FARC) cerca de Oslo y que continuará a partir del 15 de noviembre en La Habana.

El movimiento de izquierdas Marcha Patriótica, que aglutina más de dos mil organizaciones, quiso hacer pública su voluntad de «poner el mayor empeño en acompañar y respaldar este proceso con sus ideas e iniciativas».

En su manifiesto, instó «la más amplia participación de los sectores sociales y populares, de mujeres, obreros, campesinos, indígenas y afrodescendientes», para impulsar la inclusión de «nuevos temas para enriquecer la agenda» de las partes y así zanjar definitivamente el conflicto.

La Marcha Patriótica fue contundente al recalcar que el vehículo hacia la reconciliación «no puede ser otro que un mecanismo que permita la real participación del conjunto de la sociedad».

Paralelamente, una organización que agrupa a supervivientes de la Unión Patriótica (UP), partido de izquierda que sufrió el exterminio de alrededor de 5.000 de sus militantes desde 1985, exigió también ayer garantías para la oposición política, al respaldar el inicio del diálogo de paz.

«Saludamos los diálogos, creemos que es una posibilidad que se abre para la paz», declaró a Efe en Bogotá el portavoz de la Coordinación Nacional de Víctimas del Genocidio contra la UP (CNVGCUP), Pablo Arenales.

La UP nació en 1985 como parte del acuerdo entre el Ejecutivo de Belisario Betancur y las FARC, en el primer proceso formal de paz entre ambas partes. Desde su creación, fue sometida a una campaña de exterminio a manos de paramilitares y agentes del Estado, que dieron muerte o hicieron desaparecer a unos 4.000 de sus dirigentes, militantes y simpatizantes, entre ellos tres candidatos presidenciales.

Iván Cepeda, portavoz oficial del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), señaló a AFP que «no solo la guerrilla sino también el Estado han cometido crímenes contra la humanidad» y «no pueden lavarse las manos», por lo que consideró que «la voz de las víctimas será crucial en este proceso».

El colectivo Colombianos y Colombianas por la Paz, que lidera Piedad Córdoba, manifestó también su apoyo al proceso de paz con una movilización en las calles de Bogotá, ciudad que los días 4, 5 y 6 de diciembre acogerá el Gran Encuentro Internacional por la Paz para compartir experiencias en la búsqueda de la paz, como las vividas en Centroamérica, informó Telesur. Mujeres de todo el país, víctimas de este conflicto armado cuyo origen fue un levantamiento campesino y que ha dejado más de 600.000 víctimas mortales, 15.000 desaparecidos y 5,5 millones de desplazados desde 1985, llegaron a la capital colombiana para recalcar que «la paz es un compromiso» aunque el camino sea largo.

También la Autoridad Nacional de Gobierno de la Organización de Indígenas de Colombia (ONIC), dio la bienvenida a este proceso de paz, pero dijo que el camino hacia la reconciliación «tiene peaje y no puede ser transitado por todos». «¿Cuál es el papel que espera el Gobierno que desempeñemos en este camino que emprendieron solitariamente?», y agregó: «sentarnos pacientemente no es una opción».

Esta guerra «no es nuestra», subrayó la ONIC, e insistió en que «el camino de la paz es un camino en el que debemos transitar conjuntamente».

Pero hubo quien sí se identificó como actor armado del conflicto, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien a través de una carta dirigida al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y a los dirigentes de las FARC pidió participar en las negociaciones y poder ejercer luego la política. En la misiva, datada el jueves y divulgada ayer por medios locales, el exjefe paramilitar reclamó a Santos que dé continuidad al proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) «de forma conjunta o en simultáneo con las FARC-EP y con los otros actores que deben tener asiento en esa mesa única o paralela».

Las AUC se sometieron entre 2003 y 2006 al proceso de desmovilización impulsado por el Gobierno de Álvaro Uribe, en el marco del cual debían de entregar sus armas y revelar la verdad a cambio de recortes en las condenas, una iniciativa que, según datos oficiales refutados por organizaciones de derechos humanos, se saldó con la desmovilización de más de 31.000 hombres.

El Gobierno y las FARC asumieron el compromiso de entablar este diálogo de paz el pasado 26 de agosto en La Habana, mediante el llamado «Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera», que solo contempla la participación social en la fase de implementación.

Oposición de Uribe

El expresidente Álvaro Uribe, uno de los más firmes opositores al proceso de diálogo iniciado, se opuso el jueves a un reconocimiento político de las guerrilla de las FARC, uno de los objetivos del proceso de paz.

«Estoy preocupado por la elegibilidad de un narcotraficante, de un secuestrados o de alguien que ha cometido extorsión», declaró Uribe refiriéndose a los guerrilleros durante la presentación en Medellín de su biografía, titulada «No hay causa perdida».

El ex jefe del Estado se opone a la posibilidad de que los guerrilleros sean llevados ante la Justicia y condenados, aunque luego sus penas sean reducidas «en aras de la paz». Aseguró que «los europeos no entienden, pero nosotros no podemos aceptar lo que ocurrió en algunos países centroamericanos, donde le perdonaron todo a la guerrilla y los llevaron al Parlamento. En esos lugares la guerrilla no era narcotraficante y había una democracia imperfecta. Aquí hemos tenido una democracia respetable».

Uribe, hijo de un terrateniente muerto por las FARC, criticó que la cuestión agraria se incluya en la negociación. Vinculado con los paramilitares y acusado de favorecer las ejecuciones extrajudiciales, subrayó que «no se puede negociar con los terroristas».