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La amnistia fiscal del Gobierno de Rajoy es «un fracaso y un fraude» a los contribuyentes

El Gobierno español aprobó en marzo una amnistía fiscal cuyo objetivo era conseguir unos ingresos tributarios de 2.500 millones, un 10% de los 25.000 millones que pretenden hacer aflorar. Sin embargo, los defraudadores se resisten a salir de sus escondrijos financieros.

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Juanjo BASTERRA

Existe una controversia real entre los expertos sobre la virtualidad o no de las amnistías fiscales, es decir, que en un momento dado, para hacer aflorar el fraude fiscal, se permita que retornen las cantidades evadidas con el pago de un porcentaje inferior al que tendrían que haber contribuido, si no hubieran estado fuera de la legislación. El Gobierno español aprobó en marzo una iniciativa encaminada a ese objetivo, pero los efectos no son ni de lejos los esperados. La polémica está servida porque, en este momento de grave crisis económica en la que se están produciendo recortes sociales que afectan, sobre todo, a los ciudadanos con menos recursos, no se entiende que se dé apoyo a los defraudadores.

El cálculo previsto por el Ejecutivo de Rajoy pretende lograr unos ingresos para las arcas tributarias de 2.500 millones «lo que supondría aflorar bienes y rentas por una cuantía aproximada a los 25.000 millones». Sin embargo, los datos de la Agencia Tributaria confirman que solo se han ingresado 52 millones procedentes de los evasores fiscales que se han decidido ha hacer público su dinero.

El plazo para acogerse a este proceso de regularización fiscal termina el 30 de noviembre. Sin embargo, no se espera que aflore esa cantidad, muy lejana del fraude fiscal que se estima. Los expertos fiscales determinan que el fraude fiscal en el Estado español se acerca a los 250.000 millones, lo que supone que las arcas públicas dejan de ingresar, en el caso más prudente, entre 62.000 y 80.000 millones al año.

El fraude fiscal, según diferentes expertos, en lugar de mermar está creciendo en todo el mundo, como consecuencia de la falta de actuación de los gobiernos. Porque, al inicio de la crisis económica, se avisó de una iniciativa en contra de los paraísos fiscales pero, lejos de terminar con esos fondos, han permitido que aumenten y acumulan ya 17 billones de euros, según los datos aportados por el antiguo economista principal de la consultora McKinsey y experto en paraísos fiscales, James Henry. En Hego Euskal Herria se estima que el fraude fiscal supera los 15.400 millones, lo que supone que las arcas públicas pierden, o dejan de ingresar, todos los años, al menos, 4.000 millones.

Santiago Alvarez García, profesor titular de Hacienda Pública de Oviedo, afirma en «Cuadernos de Información Económica», que edita la Fundación de Cajas (Funcas), que «a pesar de que en las últimas décadas han sido numerosas las medidas de este tipo que se han adoptado las administraciones públicas de distintos países, existe una importante controversia sobre sus efectos económicos y sociales». Un dato significativo es que los gobiernos utilizan estas fórmulas en periodos de crisis para conseguir retornar el equilibrio a sus cuentas.

Alvarez García reconoce, citando diferentes trabajos en esta línea de investigación, que las haciendas solo acuden a estas decisiones cuando «están asfixiadas» y «no con el ánimo de terminar con el fraude fiscal que supone esa evasión o elusión de los tributos». Otro elemento al que recurre el autor es que cuando más retorno se produce de tributos evadidos es «cuando la propaganda es directa contra los evasores».

Escasa credibilidad

El trabajo de Santiago Alvarez García llega a tres conclusiones que considera fundamentales: Que las amnistías fiscales «generan unos ingresos de escasa cuantía, por lo que sus efectos presupuestarios son muy limitados»; que el éxito de estas operaciones «reside en la credibilidad del Gobierno»; y que los defraudadores «tienen que percibir que se trata de una oportunidad única, que no va a repetirse en el futuro».

Por último, el profesor titular de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo admite que las personas que deciden defraudar a Hacienda «participarán en mayor medida en los procesos de regulación si estos se diseñan dentro de una estrategia general de revisión del sistema tributario y se ven acompañados de programas ambiciosos de lucha contra el fraude fiscal, que incrementen significativamente tanto la probabilidad de inspección como las sanciones» derivadas del fraude al fisco.

 

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