El pasado 12 de setiembre se celebró en Madrid, en la sede del Ministerio de Industria, una reunión entre el titular de esta cartera, José Manuel Soria, y los máximos responsables de las empresas petroleras Cepsa, Repsol y BP. En la misma, el político se remitió al imparable crecimiento del IPC para sugerirles una ligera rebaja en el precio de la gasolina y el gasóleo.

La respuesta de los empresarios fue negativa, bajo el argumento de que las ventas están bajando y de que ellos no ganan más que «1 ó 2 céntimos» por litro. A lo que añadieron los «perjuicios» que les ocasionan los altos precios de los combustibles en origen, los impuestos sobre carburantes, el cambio del euro con el dólar y la subida del IVA.

Tras el intercambio de lamentos, quedaron en citarse más adelante. A la espera de esa cita futura, técnicos del departamento y de las petroleras escudriñarían las posibilidades de ajustar los precios y establecerían parámetros homogéneos de medición de los costes y los precios. Entretanto, la Secretaría de Estado de Economía encargaba a la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) un informe general sobre el sector de los carburantes.

Aumento de gravámenes

Pasado un mes de la primera reunión sin que los encuentros técnicos avanzaran, la CNC ha hecho público esta semana su informe sobre el sector. En el mismo, llega a la conclusión de que sí hay márgenes de reducción de los precios y achaca las últimas subidas a que estas empresas actúan sin competencia real. Asimismo, acusa a las compañías de haber aumentado un 20% desde 2007 los gravámenes en los carburantes.

Curiosamente, la falta real de competencia, uno de los males de este sector que actúa como un oligopolio en el que unas pocas empresas se reparten todo el mercado, tiene su origen en que los sucesivos gobiernos españoles, ya fueran del PSOE o del PP, impulsaron a finales del siglo pasado las concentraciones de las empresas en grandes corporaciones.

En su informe, la Comisión de la Competencia incluye una veintena de medidas para tratar de aumentar la competencia. La mayor parte de ellas están dirigidas a facilitar la apertura de nuevas gasolineras, reducir la duración de los contratos de suministro en exclusiva, prohibir recomendaciones de precios de venta al público y «fomentar la transparencia».

En cuanto al impulso para la apertura de nuevas gasolineras, la CNC propone que se quiten las limitaciones relacionadas con planteamientos urbanísticos sobre el número de gasolineras y que se aceleren los trámites para abrir nuevas estaciones de servicio en centros comerciales.

Otros aspectos son más técnicos y tienen que ver con la gestión de la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH), responsable fundamentalmente del almacenamiento del crudo, a la que se exige transparencia en las relaciones con las petroleras. De hecho, propone que se aplique un régimen de incompatibilidades para sus cargos directivos y que se pongan límites a la participación accionarial en la empresa.

Respuesta airada

Tras hacerse público el informe, la patronal de las petroleras, la Asociación Española de Productos Petrolíferos (AOP), saltó con virulencia. Su director general, Álvaro Mazarrasa, calificó de «injusto» y «carente de rigor» el documento y añadió que no tenía en cuenta «los costes de comercialización, de almacenamiento, distribución e incorporación de biocarburantes».

Pero, fue todavía más lejos cuando, tras afirmar que «se trata de confundir a la opinión pública acusándonos de las subidas», llegó a decir que «ni el Gobierno, ni ninguno de los organismos que han estudiado el sector conocen exactamente el margen de las petroleras», con lo que venía a reconocer el oscurantismo con que funcionan.

A pesar del fuerte tono de la patronal, el ministro español de Industria no se arredró y mantuvo que «lo que le interesa al Gobierno es que haya competencia en el mercado». Eso sí, no quiso hablar de posibles sanciones porque, según dijo Soria, esto corresponde a la CNC.

En cualquier caso, según la propia AOP, el valor real de la materia prima de la gasolina de 95 octanos es el 51,71% del coste final y el restante 48,29% se debe a impuestos. En el caso del gasóleo de tipo A, el valor sería el 57,31% y el 42,69% se iría para el fisco. Con estos datos, el beneficio de las petroleras sería cero, algo poco creíble.

Además, hay que recordar que el Estado español es el cuarto de la Unión Europea que menos grava el precio de los carburantes. Solo aplican menores impuestos Chipre, Bulgaria y Luxemburgo.