Firat Demirkiran permanece encarcelado provisionalmente en la prisión madrileña de Valdemoro desde que fuera detenido el 12 de agosto por la Policía española cuando pasaba sus vacaciones en Canarias, y se encuentra a la espera de que se resuelva el proceso de extradición a Turquía al que el Gobierno español ha dado continuidad. El hecho de que Demirkiran cuente con el estatuto de refugiado, concedido por Alemania en julio de 2008, no evitado que de nuevo el Estado español se haya erigido en punta de lanza de la represión contra el pueblo kurdo refugiado en Europa. Su caso está ahora en manos de los tribunales que, con anterioridad, han fallado en contra de las pretensiones de Ankara y Madrid.

En eso tampoco se diferencian los dos partidos españoles mayoritarios. Hace cuatro años el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) cursó la extradición de dos ciudadanos kurdos a quienes se había reconocido su estatus de refugiado y a principios de octubre lo hizo el Ejecutivo de Mariano Rajoy (PP).

Y es que el Estado español «es el único país que se empeña en extraditar a ciudadanos kurdos con estatuto de refugiado a pesar de que la Audiencia Nacional ha dicho con anterioridad que no procede», denuncia José Luis Galán, abogado de Demirkiran, como también lo fue de Remzi Kartal, diputado kurdo en el exilio y uno de los fundadores y miembro destacado del Congreso Nacional del Kurdistán (Parlamento Kurdo en el exilio) que lleva años ejerciendo actividades diplomáticas y políticas en nombre de dichas instituciones, y de Eyyup Doru, representante del BDP en Europa y asesor del Consejo de Europa que también realiza tareas diplomáticas en nombre del pueblo kurdo, a los que Madrid quiso extraditar a Turquía hace cuatro años.

Entonces, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) denunció que «es lamentable que sea España el único país europeo que manda a los tribunales una petición de extradición estos dos dirigentes kurdos».

La Audiencia Nacional española falló en aquella ocasión en contra de tal pretensión al considerar que el estatus de refugiado concedido por las autoridades francesas y belgas tiene «un efecto extraterritorial» con respecto a otros estados que firmaron la Convención de Ginebra -como es el caso del Estado español-, y Galán está seguro de que ahora resolverá en el mismo sentido.

Las autoridades de Ankara, que ejercen una represión política, militar y judicial sistemática no solo contra el movimiento de liberación kurdo sino contra todo el pueblo kurdo, imputan a Demirkiran, según difundió el Gobierno español, actividades de propaganda en el liceo de la ciudad kurda de Bingöl, donde estudiaba, y hacer proselitismo y recaudar fondos para la guerrilla del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) desde un local que regentaba en Hamburgo, donde vive tras verse obligado a huir de su tierra. También le acusan de entregar material y dinero a miembros del PKK. Su abogado matiza que concretamente se le acusa de enviar ocho aparatos de radio, 50 marcos alemanes y una tarjeta telefónica a un amigo que, según la petición de extradición, fueron a parar al PKK.

Obligado a cumplir

Amnistía Internacional y al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) se han movilizado de forma inmediata demandando al Gobierno español que paralice el proceso de extradición y recordándole que a Demirkiran se le ha concedido el estatus de refugiado en Alemania y que está obligado a cumplir la legislación europea e internacional en esta materia, sobre todo porque firmó las convenciones de derechos humanos y, en concreto, la relativa al estatus de refugiado.

Ambas organizaciones destacan la condición de refugiado de Demirkiran, expresan su temor a que pueda ser sometido a torturas si es entregado a Turquía y advierten a Madrid de que incumplirá el principio de no devolución de la Convención de Ginebra si lo hace. Hacer efectiva la extradición supondría entrar en contradicción con la decisión tomada por otro país de la UE, en este caso Alemania, que le ha otorgado el estatus de refugiado, y estaría ignorando una legislación que el Estado español está obligado a cumplir por haber firmado la Convención de Ginebra.

El artículo 33.1 de este tratado internacional, núcleo central de la protección de refugiados, establece que «ningún Estado contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de territorios donde su vida o libertad peligre por causa de su raza (...), pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas».

Amnistía Internacional recuerda, además, que cada año se reciben cientos de denuncias contra Turquía por abusos contra los derechos humanos y por juicios injustos contra kurdos acusados falsamente de «terrorismo». Organizaciones y organismos internacionales han alertado reiteradamente sobre las violaciones de los derechos del pueblo kurdo y de quienes defienden a los kurdos en Turquía. En el informe presentado en 2009 por el letrado Galán en el caso de Kertal y Doru se recogía que solo en 2008 Turquía fue condenado 47 veces por el Tribunal de Estrasburgo por este motivo.

Pero este caso ha alertado también a algunas fuerzas políticas. Jon Iñarritu, diputado en el Congreso español por Amaiur, ha preguntado al Gobierno si es consciente de que la extradición de un refugiado es contraria al principio de «no devolución», recogido en la Convención de Ginebra, y de que ACNUR se ha pronunciado en contra de esa entrega a Turquía. Además, quiere saber si Madrid tiene certeza y garantías de que Demirkiran no será torturado si es extraditado, a pesar de que la propia sentencia de los tribunales alemanes que le otorgaron el estatus de refugiado consideran que existe una gran probabilidad de que eso ocurra. Le recuerda también que la Audiencia Nacional española denegó en 2009 la extradición de otros dos refugiados kurdos.

Con esos mismos argumentos, los europarlamentarios Ana Miranda, del BNG, y François Alfonsi, del Partitu di a Nazione Corsa, han preguntado en el Parlamento Europeo si la alta representante de Política Exterior de la UE, Catherine Ashton, está informada sobre este proceso de extradición en curso y si tiene previsto tomar medidas para evitar que países comunitarios extraditen «ilegalmente» refugiados y, en concreto, a Firat Demirkiran.