La decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) de admitir a trámite el recurso interpuesto por el Ejecutivo español contra la sentencia por la que se declaraba irregular la aplicación de la doctrina 197/2006 a la presa política Inés del Río, muestra en opinión de Behatokia la trascendencia que se le da a este asunto y de ahí que vaya a ser examinado por los 17 magistrados de la Gran Sala.

Para Behatokia, lo que resulta «preocupante» es que el Estado español utilice un instrumento de observancia de derechos humanos «con el fin único de perseguir sus objetivos, en este caso, el alargamiento hasta todos los extremos posibles de la condena de los presos políticos vascos». Es más, apuntan a que la estrategia española busca lo contrario que lo que persigue el TEDH, una institución que trata de garantizar la protección de los derechos humanos, al dilatarse el proceso por el «examen jurídico a conciencia» que efectúan sus componentes.

Precisamente esa valoración de Behatokia se vio refrendada por unas declaraciones del ministro español de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, quien dijo que la admisión del recurso les servirá para no liberar a ningún presos. Después de señalar que le parece «verdaderamente excepcional» la decisión del Tribunal, insistió en que «no habrá ningún tipo de excarcelación».

Pero no fue el de Ruiz-Gallardón el único pronunciamiento gubernamental, ya que el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, manifestó que tienen «esperanzas de que el Gobierno y los tribunales españoles, sean los que determinen la política penitenciaria, y no otras instancias, alegando que se violan los derechos humanos, cosa que en un Estado de Derecho no podíamos aceptar».

Frente a esa estrategia dilatoria, el Observatorio Vasco de Derechos Humanos emplazó a las autoridades españolas «a que dejen en libertad a los presos a quien afecta esta nueva interpretación de cumplimiento de las penas a la espera del pronunciamiento de la Gran Sala».

También terció en este asunto Herrira, que abogó porque «el recorrido de la doctrina 197/2006 debe cerrarse cuanto antes, para no alargar más aún las condenas» de los presos y las presas que debieran estar en libertad desde hace años. El colectivo mostró su convencimiento de que el TEDH ratificará la sentencia de julio y «certificará el principio del fin de esta medida de excepción».

Por los derechos de los presos, 21 personas se concentraron el lunes en Sopela, donde la Ertzaintza identificó a una mujer a cuyo lado estaban las fotos de sus cuatro familiares represaliados. Ese mismo día, 10 personas en Añorga, Otxarkoaga 21, Zaldibia 20, Altza 26, Laudio 49, Abadiño 12, Astigarraga 18 e Iturrama 25, para denunciar el juicio contra Odei Ijurko. Ante la sede del PP en Iruñea fueron 79, Gernika 44, Bermeo 20, Altsasu 50, Euba 13, Iurreta 42 y Ondarroa 78. Ayer, 120 en Bilbo (Arriaga) y 29 en Sarriguren.