Vecinos de Artieda que padecieron la carga de la Guardia Civil el 10 de octubre, cuando se concentraron en la carretera de acceso a esta localidad aragonesa para denunciar las expropiaciones de tierras para el recrecimiento del pantano de Esa por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), están siendo citados a declarar en cuartelillos para imputarles cargos por «alteración del orden público, atentado a la autoridad y lesiones».

La oposición vecinal impidió que los funcionarios de la CHE levantasen actas de expropiación de las tierras

El 18 de octubre tres personas fueron citadas en el cuartelillo del instituto armado de Sos d'o Rei Catolico, el 23 declararon otros dos en Chaca y, según informó el colectivo Aturando Yesa, un vecino de Ayerbe declaró ayer en Uesca.

Puyalón de Cuchas, formación de la izquierda independentista aragonesa, remarcó que «el único incidente violento que se produjo el 10 de octubre fue provocado por los antidisturbios de la Guardia Civil, que actuaron de una forma desmedida contra los manifestantes». Y recordó que «numerosos manifestantes sufrieron lesiones y unas cargas que no tuvieron ningún sentido, ya que en todo momento los manifestantes actuaron de forma pacífica».

«Criminalización»

Israel Orera, concejal de Puyalón de Cuchas en Artieda, destacó que «una vez más, el Estado español busca acallar la indignación de la sociedad aragonesa por medio de la criminalización ante la barbarie que se quiere perpetrar en Artieda».

Convocados por Coagret (Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases), asociaciones, organizaciones políticas, sindicales y movimientos sociales se reunieron ayer para comenzar a preparar nuevas movilizaciones contra el recrecimiento de Esa y para mostrar la repulsa por la carga de la Guardia Civil en Artieda.