La ley Antiterrorista creada por Pinochet y que hoy solo se aplica contra la comunidad mapuche, está generando multitud de huelgas de hambre y de sed por parte de los indígenas presos y de los sectores chilenos más comprometidos con su causa. Los mapuches no son «disidentes cubanos» y sus protestas no merecen la misma atención mediática que se da a estos por sistema. Juicios militares, testigos sin rostro y falsas acusaciones contra personas que luchan por el reconocimiento y respeto a sus derechos. Un pueblo milenario, con una cultura atropellada y unas tierras ancestrales saqueadas por transnacionales forestales y grandes intereses inmobiliarios. 600.000 mapuches, el principal pueblo originario de Chile, con 17 millones de habitantes, reivindican día sí y día también el cese inmediato del uso de la «política antiterrorista» contra su pueblo y de la apuesta por la fuerza bruta para dirimir un conflicto político secular, y la nulidad de los juicios con falsas acusaciones.

Ayer la Corte Suprema de Chile anuló la condena de dos mapuches presos que llevaban 59 días de huelga de hambre. Aunque llega tarde, la satisfacción se extendió, comprensiblemente, entre activistas y solidarios. Una buena noticia para un pueblo tantas veces obligado a llegar al límite que desea y merece una solución. Y esta pasa por el reconocimiento de sus derechos nacionales y la restitución de sus tierras ancestrales.