A Jennifer Acosta se le vino abajo el suelo del pequeño ranchito donde residía. Fue hace más de dos años, sin avisar. «Estaba en casa y, de repente, me encontraba frente a un barranco», recuerda. Las lluvias torrenciales que inundaron Venezuela en diciembre de 2010 removieron los inestables cimientos de sus modestas cuatro paredes, ubicadas en ese interminable caos de viviendas humildes que es la parroquia del 23 de Enero. De repente, lo que antes era una casa donde se resguardaba junto a su marido y sus dos hijos se había convertido en un agujero. Es lo que tiene el trópico, que se abre la compuerta de las nubes y parece que el agua, en lugar de en forma de lluvia, cayese como lanzada a cubos. Si a eso le sumamos que la pobreza obliga a miles de personas a hacinarse en infraviviendas que se desparraman desordenadamente a lo largo del cerro, se puede comprender por qué el número de refugiados llegase a superar los 120.000. Han transcurrido dos años y Acosta recuerda ese día perfectamente. Claro, que ahora lo hace desde un piso con dos habitaciones, una cocina y un salón, amueblado con lo básico y por el que no ha pagado ni un bolívar. Su familia es una de las beneficiarias del Plan Misión Vivienda Venezuela, un ambicioso programa lanzado por el Gobierno de Hugo Chávez que pretende atajar uno de los problemas universales: la escasez de techo. Lo que comenzó como un plan para acoger a los damnificados por las lluvias se ha extendido hasta convertirse en otra forma de entender el derecho a la vivienda. No sin contradicciones, el Estado ya ha entregado las llaves de más de 250.000 pisos. Otros 400.000 están en construcción y el plan pretende llegar hasta los tres millones para 2019, fecha en la que concluye el mandato del reelegido presidente Hugo Chávez.

Yorubi Arias, de 35 años, también residía en el 23 de Enero. En su caso, dos familias en un espacio más reducido que el de su actual salón. Pese a ello, se consideraba afortunada. «En un rancho podían meterse hasta cinco familias», señala. Aquel mismo día aciago, al igual que Jennyfer Acosta, Arias también perdió su domicilio. En su caso no fue el suelo el que se vino abajo, sino las paredes, que se «partieron por la mitad». Recuerda cómo, en medio de la tormenta, se fue a la cama. Y cuando abrió un ojo ya había una grieta frente a ella por la que podía meter las manos. Seguía lloviendo. «No quería irme de mi casa. ¿Dónde iba a marcharme?», rememora. Tuvo que llegar el consejo comunal para convencerla de que así no podía quedarse, de que tenía que abandonar el que había sido su hogar durante los últimos 14 años. Y recaló, como Acosta, en un refugio en Agua Salud, en la cañada del 23 de Enero.

Amuebladas con lo imprescindible

Estas dos mujeres, sus maridos y sus hijos forman parte de las 89 familias que residen actualmente en las dos torres Simón (referencia obvia a Simón Bolívar, libertador venezolano) desde hace poco más de un año. Casas nuevas, amuebladas con lo imprescindible y por las que únicamente han tenido que desembolsar unos 100.000 bolívares (algo más de 17.000 euros al cambio oficial) para cuestiones de comunidad, limpieza, agua y luz. Hay que tener en cuenta que muchos de ellos subsisten con un solo salario. «Las casas en esta zona son carísimas, cuestan más de 600.000 bolívares (aproximadamente 106.000 euros al cambio oficial), no podríamos permitírnosla», afirma Arias, que recalca que los bloques están construidos «en el cordón umbilical» de Miraflores. En su casa únicamente entra el sueldo de Editson, su marido, que trabaja como vigilante y que cobra el salario mínimo (1.500 bolívares, lo que equivale a 266 euros). Hasta ahora, con esas ganancias, solo se podían permitir el humilde ranchito que se partió por la mitad durante las lluvias.

Aquella tormenta fue el origen del plan. Aunque no todo llegó sobre ruedas. Antes de instalarse en este bloque, los refugiados permanecieron en la sala de fiestas de una iglesia y, posteriormente, en una estancia provisional, ya en Miraflores. Tras una visita de Chávez al lugar donde pernoctaban los refugiados, el presidente ordenó habilitar una estancia cercana al palacio presidencial. Mientras, el Gobierno expropió los terrenos cercanos y puso en marcha la maquinaria de la obra. Paralelamente comenzaron las construcciones en diferentes puntos de Venezuela, aunque buena parte de ellas se centran en la capital, Caracas, donde cientos de miles de personas siguen todavía en las vastas parroquias que la rodean. Para ello, el Ejecutivo se ha servido de parte de los beneficios del petróleo, así como de tasas impuestas a bancos y entidades financieras.

Los refugiados eran la gran prioridad para la primera fase de la Misión Vivienda. Así que, en setiembre de 2011, las dos torres de hormigón con vistas a la residencia del presidente se habían alzado. «Llevo un año y estoy como recién llegada; contentísima», afirma Arias. Según explica, las familias se reúnen periódicamente, como cualquier comunidad de vecinos, para hacer frente a los pequeños detalles de la gestión.

las imperfecciones del sistema

Tampoco es cuestión de dibujar un mundo idílico. El gigantesco plan tiene sus déficits, sus agujeros negros y sus contradicciones. Todavía quedan muchos venezolanos en sus listas de espera. «Confiamos en que nos llegue el turno», dice Roberto, desde su minúsculo rancho de Sucre donde los tres metros cuadrados que hacen de salón se separan de los otros tres metros cuadrados. Sabe que los primeros en la lista son los refugiados. Él, por ahora, no es uno de ellos. Aunque la estructura de su domicilio no da para mucho, así que solo espera que no llegue otra tromba que cambie su situación.

La entrega también ha generado dudas. Se escuchan voces, no solo de la oposición, que hablan del riesgo del clientelismo. «No nos dieron estas casas por ser chavistas. Incluso gente de este bloque asistió a la marcha opositora», defiende Arias. Pese a ello, resulta obvio pensar que «de buen nacido es ser agradecido», por lo que las fotografías de Chávez son decoración imprescindible, tanto en la fachada como en el interior.

La titularidad de los pisos constituye otro debate. Ahora, el Estado es dueño de las viviendas, aunque está previsto que sus usuarios firmen un documento multifamiliar que les reconoce como propietarios. Eso sí, con severas restricciones a la compraventa. No se cambia la mentalidad de un día para otro, y también hubo quien, tras recibir su domicilio público, aprovechó para especular con su pequeño rancho del cerro. El Gobierno persigue estas actividades, pero no ha logrado atajarlas. Henrique Capriles prometió, durante la campaña, que entregaría títulos de propiedad, abriendo la puerta a convertir los techos públicos en objetos de mercado.

Las imperfecciones de la Misión Vivienda están todavía por resolver. A corto plazo, el Ejecutivo esgrime la cara de sorpresa con la que Yorubi Arias o Jennifer Acosta responden al dato de que más de 500 familias son desahuciadas diariamente en el Estado español. Sin embargo, sus técnicos ya trabajan para demostrar que es posible un nuevo modelo que garantice el artículo 25 de la declaración universal de Derechos Humanos.