Atarrabia acogió ayer la segunda sesión de las jornadas por unos presupuestos participativos y sociales organizadas por Herri Ekimena. Alrededor de 60 personas se congregaron en Atarrabia con el fin de identificar las necesidades sociales más importantes, un proceso iniciado en junio. Ayer, divididos en diferentes grupos de trabajo concretaron las carencias que presentan los actuales presupuestos y elaboraron propuestas concretas de cara a satisfacer las necesidades sociales de los navarros.

Varios fueron los ámbitos en los que concluyeron una apremiante necesidad de cambios. Uno de los más afectados por la crisis económica, el del empleo, contó con numerosos planteamientos para cerrar la espiral del paro. Así, abogaron por el reparto del trabajo a través del adelanto de la edad de jubilación, reduciendo la jornada laboral y gravando el pluriempleo y las horas extra. También, señalaron la importancia de adoptar medidas que favorezcan la conciliación de la vida laboral y familiar.

Diversos servicios sociales como la educación y la sanidad centraron otro capítulo de propuestas. Respecto al primero, defendieron una educación universal, gratuita, en igualdad de género y donde se respeten los derechos lingüísticos.

En materia de sanidad, rechazaron cualquier tipo de privatización y defendieron la gratuidad de los fármacos. En cuanto a la dependencia, demandaron una gestión pública de los servicios y los recursos.

La pobreza fue un temas centrales. Herri Ekimena exige la habilitación de una renta de básica por encima del umbral de la pobreza y una apuesta por el empleo social que ponga barreras a la pobreza.

Medidas de ahorro

Tras los claros objetivos marcados por los participantes se aprecian también propuestas concretas. Tras cuantificar el coste de las medidas, que sería de unos 800 millones de euros, recalcaron que parte de este dinero ya está en los presupuestos y que «hay dinero suficiente».

No obstante, enumeraron una serie de medidas concretas de ahorro como el fin de subvenciones fiscales (60 millones), la paralización del TAV y otras infraestructuras, medidas contra el fraude fiscal, cambios en la tributación del IRPF o la recuperación del Impuesto de Patrimonio, entre otras.