Los participantes en el ayuno contra el TAV que esta semana se está llevando a cabo en Nafarroa tras su paso por Bizkaia y Gipuzkoa se colaron ayer en la sede del Departamento de Fomento del Gobierno navarro, responsable del proyecto del tramo denominado «corredor navarro».

Según informaron los participantes en el ayuno, el guarda jurado que vigila la entrada del edificio no logró impedir que accedieran al mismo, por lo que subieron hasta la sexta planta, donde se ubica el despacho del consejero Luis Zarraluqui. Allí, desplegaron una pancarta.

La secretaria de Zarraluqui les comunicó que el consejero no podría recibirles «ya que estaba reunido y no tenían cita previa». La Policía Foral ordenó a quienes participaban en la protesta abandonar el edificio. Estos respondieron que tenían intención de continuar con el ayuno de una semana de duración en el pasillo del Departamento de Fomento «sin crear molestias a los funcionarios». La Policía Foral insistió en que debían abandonar el edificio, por lo que los participantes en el ayuno obedecieron.

Una vez en el exterior del edificio, desplegaron la pancarta y comenzaron a corear consignas contra el TAV. La Policía Foral les obligó a retirar la pancarta con el argumento de que se trataba de una concentración no comunicada.

Los participantes en la protesta fueron identificados. Pese a ello, continuaron media hora coreando consignas y repartiendo información a los transeúntes. Al compronar que no podían realizar el ayuno a las puertas del despacho de Zarraluqui, se dirigieron a Bakearen Etxea.

Agujero económico

En la información que repartieron se destaca que el gasto del TAV en Nafarroa asciende a 4.000 millones de euros, mientras se aplican recortes antisociales en áreas como educación, donde se han suprimero en el presupuesto de este año 27 millones de euros (el equivalente a dos kilómetros de vía), y en sanidad se han reducido 26 millones mientras las listas de espera llegan a los 43.000 pacientes.

Junto a ello, destacan que la pobreza sigue aumentando en Nafarroa y las ayudas no son suficientes. Más de 40.000 pensionistas no superan el umbral de la pobreza y uno de cada tres solicitantes de renta básica recibe un no como respuesta.