Marino Esparza tenía una cita ineludible ayer. Los agentes judiciales tenían pensado acudir a echarle de su casa, pero la cita de Esparza era en el hospital, para recibir quimioterapia. Le detectaron cáncer de garganta hace más o menos un mes y ahora respira intubado. Su calle amaneció abarrotada con los paraguas de sus vecinos, dispuestos a impedir que el banco le expropiara la casa. Había tantos que el tráfico tuvo que ser cortado. Y el banco no se atrevió a acudir. A la espera de una solución definitiva, la expulsión se ha parado momentáneamente.

Hace seis años que Esparza perdió su empleo. Fue prácticamente un año después de solicitar un crédito con el Banco de Valencia. Trabajaba para una empresa de recambios de calderas, que le envió al paro hasta ahora. Cuando el banco les entregó los 202.000 euros que necesitaban para la casa, su mujer, Pilar Martínez, era camarera en dos bares distintos y metía horas limpiando. Pero Martínez perdió sus tres trabajos al año siguiente. Desde entonces, han ido viviendo a salto de mata y pagando lo que podían al banco. Al principio las cuotas eran de 1.200 euros y luego se rebajaron a 400, pero ni aún así pueden afrontar las letras. Pilar Martínez tiene ahora un empleo de inserción sociolaboral que se caduca este diciembre, pero también da de comer a tres hijos.

La historia de esta familia ha calado hondo en la ciudadanía navarra por su crudeza. Pese a ello, este es un desahucio que se queda fuera de lo que el PP catalogó como familias en extrema necesidad. Como Martínez tiene un trabajo temporal y sus hijos son mayores de tres años, no cumple los requisitos de la moratoria que anunció Rajoy.

La entidad con la que contrató el crédito, el Banco de Valencia, ya no tiene sede en Iruñea. La entidad tuvo que ser intervenida por el Banco de España porque su quiebra estaba asegurada. Así, le fueron inyectados mil millones de euros y se le abrió un aval por otros dos mil millones. Lo más llamativo es que este banco, en parte gracias a estas ayudas, pudo presentarse este verano a la subasta del piso de la familia Esparza-Martínez y comprar la vivienda por el 60% de su valor para poder echarles.

La objeción judicial

Pilar Martínez acudió ayer por la mañana a los juzgados arropada por los solidarios. Además de presentar una serie de documentos, pidió entrevistarse con la juez. Lo que quiere trasladar a la titular del juzgado es que pare la ejecución del desahucio y, si no quiere, al menos que fije un día y una hora para este desalojo. Así, al menos, no tendrá la duda permanente sobre cuándo puede quedarse sin casa.

Un portavoz de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), Felipe Martín, aumentó el nivel de exigencias. Según él, lo correcto es que esta sala se declare «objetora» a la hora de ejecutar los desahucios. Por su parte, desde la PAH de Burlata, inciden en que las particularidades de este caso exigen una sensibilidad especial por parte de las instituciones judiciales. Se trata, dijo Jofre Burgos, de una «situación crítica, inhumana e injusta» y añadió que dejar sin casa a esta familia «viola los derechos humanos».

Desde la PAH de Burlata remarcaron que no van a dejar que los cinco miembros de la familia Esparza-Martínez pierdan su vivienda. Por el momento, han presionado también al Ayuntamiento, al que han arrancado el compromiso de reubicar a esta familia en un piso vacío si la PAH no consigue que esta familia se quede en su vivienda.

Más procesos en marcha

La lucha que se está desarrollando en Nafarroa es intensa. De hecho, en la PAH de Burlata ayer tuvo que dividirse para defender a los vecinos. Idoia Vicuña, también de Burlata, que puede perder dos viviendas que posee. Por la mañana acudió al banco en busca de una solución. En principio, para el 15 de diciembre tienen que marcharse de su vivienda y desalojar la otra. En su caso, el BBVA no entra a negociar y se mantiene firme en la fecha. Vicuña busca tiempo para buscar un nuevo hogar.