El Movimiento en Defensa de los Derechos Sociales de Euskal Herria, Elkartzen, salió ayer a la palestra para explicar que el problema complejo de la vivienda y los desahucios «necesita una solución integral que abarque todo el problema de la vivienda; de lo contrario, no dejará de ser un parche más», según explicaron sus portavoces Regina Maiztegi y Aitor Balda en una comparecencia pública.

En la misma afirmaron que «aceptamos crear un frente común para poder hacer efectivo un derecho como es el de la vivienda». A su juicio, se debe terminar con las 255.000 viviendas vacías y fijar unos precios adecuados de alquiler social, «no más allá del 15% de los ingresos del inquilino».

En Bilbo, exigieron a los gobiernos de Gasteiz e Iruñea que «impongan la suspensión de todos los desahucios relacionados con impagos por causas objetivas aduciendo para ello la situación de crisis económica que estamos padeciendo».

A los ayuntamientos les pidieron que «aseguren asistencia legal y ayuda a las personas afectadas, evitando que nadie quede en la calle» y, a la vez, reclamaron que «se nieguen a colaborar con este despropósito que supone desalojar a las personas de su lugar de residencia». También pidieron a las entidades locales que creen comisiones locales especiales «con participación popular» para «afrontar el problema desde el ámbito más cercano».

Otra actuación necesaria se encamina a que las viviendas que «estén sujetas a ejecución hipotecaria» pasen a formar parte de «un parque público de vivienda en alquiler social a nivel local». Este movimiento social recuerda que desde hace varios años vienen remarcando que el problema de la vivienda «va más allá de resolver el problema de las ejecuciones hipotecarias».

Balda y Maiztegi explicaron que se deben producir decisiones previas como «eliminar la existencia de viviendas vacías». En Hego Euskal Herria, según esta plataforma social, existen más de 255.000 viviendas vacías. «A éstas habría que sumar las que en este momento están siendo desalojadas por las ejecuciones hipotecarias».

Alquiler social

Con esta premisa, Elkartzen afirma que «la optimización de estas viviendas supondría acabar con el problema de acceso a un derecho básico».

En la comparecencia añadieron, además, la necesidad de «establecer un límite a los precios que se cobran por los alquileres, tanto a los protegidos como a los de mercado». Porque, a juicio de Elkartzen, «no es de recibo que hoy en día el precio medio del alquiler en el mercado suponga 900 euros y el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) sea de 641,40 euros. Desde hace tiempo venimos reivindicando que este límite ha de ser el 15% de los ingresos de la persona inquilina», anotaron.

En base a esa situación, recordaron que en 2008 ya propusieron en el libro «Euskal Herria, ¿de quién?», editado por IPES-Elkartzen, la necesidad de crear «un Instituto de Vivienda Pública para Euskal Herria que velaría por el derecho efectivo al uso y disfrute de una vivienda digna de carácter público, en el cual se integrarían, entre otras, las viviendas vacías, las infrau- tilizadas y, en el caso que estamos analizando, las viviendas bajo control bancario mediante ejecución hipotecaria».

Este colectivo social aseguró que se encuentra satisfecho con el aumento del grado de concienciación y movilización que «en estos últimos años se está dando en la clase trabajadora y los sectores populares de Euskal Herria».

Elkartzen, por último, aseguró que «recoge el guante lanzado desde diferentes sectores de crear un frente común para poder hacer efectivo un derecho como es el de la vivienda. Ese será nuestro trabajo, siendo conscientes de que solo la organización y la lucha a favor de un cambio y una transformación social profunda hará posible la emancipación de la clase trabajadora y los sectores populares de Euskal Herria», concluyó.