La «flexiseguridad», base de la reforma laboral del presidente Hollande
Muchos han calificado como «histórico» el acuerdo alcanzado el pasado 11 de enero entre el Gobierno francés, las organizaciones patronales y tres de las cinco federaciones sindicales de trabajadores (CFDT, CFTC, CGC). Las otras dos -CGT y FO- no han suscrito el proyecto que las diferentes partes han estado negociando desde octubre de 2012. El camino de legislarlo no será llano para Hollande ya que encontrará oposición incluso en sectores de su propio partido.
Arantxa MANTEROLA |
Bajo el rimbombante título de "Nuevo modelo económico y social al servicio de la competitividad de las empresas y de la seguridad del empleo", el texto al que dieron el visto bueno la patronal y tres de las cinco confederaciones sindicales francesas (CFDT, CFTC y CGC), recoge una serie de medidas que cambiarán sustancialmente el actual Código de Trabajo francés.
La «flexiseguridad» es el fundamento de dicha revisión, un concepto que pretende conjugar reivindicaciones de las partes afectadas -empleados y empresarios- con el objetivo de detener la sangría de empleos que se destruyen a diario y, por ende, de crear nuevos puestos.
Entre los cambios más importantes está el de facilitar el procedimiento y contenido de los planes sociales (ERE). En adelante, estos se concertarán en las propias empresas por acuerdo mayoritario o serán validadas por la administración. El objetivo es limitar el control de los tribunales laborales que frecuentemente anulan dichos planes o decretan el pago de indemnizaciones importantes a los trabajadores que pierden su empleo. El trabajador podrá acudir a la justicia pero el plazo para hacerlo será más corto (dos años en lugar de los cinco actuales). Además, el patrono podrá fijar el orden en el que los empleados serán despedidos y privilegiar la competencia profesional para establecerlo.
Asimismo, para agilizar la resolución de los litigios por despido, se impulsarán acuerdos económicos entre las partes en la fase de conciliación previa en el Consejo Prud'hommes (tribunal laboral paritario).
Sin rescindir los contratos
Para mantener el empleo, se permitirá a las empresas que se enfrenten a «graves dificultades coyunturales» bajar los salarios y/o la jornada laboral con la obligación de renunciar a rescindir los contratos de trabajo. El acuerdo tendrá que ser avalado por los representantes sindicales que representen como mínimo al 50% de los trabajadores y tendrá una duración máxima de dos años. Quienes se opongan a las nuevas condiciones podrán ser despedidos pero el empresario no estará sometido a las obligaciones ligadas a un despido por causas económicas.
En caso de necesidad, las empresas podrán también obligar al trabajador a cambiar de puesto o de lugar de trabajo, so pena de despido si la movilidad interna es rechazada por este.
Con el objetivo de reducir la precariedad, los empresarios tendrán que cotizar más por los contratos de duración corta (CDD). Así la cotización de desempleo subirá al 7% (tres puntos más) en los contratos de menos de un mes y al 5,5% (1,5% más) para los de uno a tres meses, salvo en los casos de sustituciones o de los temporeros.
Para fomentar los contratos indefinidos, se exonerará al empresario de las cargas patronales de desempleo durante tres meses (cuatro en las pequeñas empresas) en caso de que contraten a un joven menor de 26 años. Este punto ha sido uno de los que mayor discusión han generado en la mesa de negociación.
Contrapartidas
Como contrapartida, los parados que retornen al mundo laboral no perderán, como ocurre ahora, el derecho a las indemnizaciones por desempleo no consumidos, es decir, no tendrán que volver a empezar a acumular desde cero dichos derechos.
Además, se generalizarán los seguros complementarios de salud. Así, todas las empresas deberán suscribir un contrato con un organismo (mutua, seguro, institución paritaria...) para ofrecer a sus asalariados una cobertura colectiva de los gastos médicos. El dispositivo será financiado a medias por ambas partes.
En cuanto a la formación, cada trabajador dispondrá de una cuenta personal en la que constarán las horas de formación pagada a las que tiene derecho (en la actualidad unas 20 horas por año). Esos derechos serán individuales y podrán transferirse en el caso de cambiar de empresa. También podrán utilizarse en caso de desempleo.
Los representantes de los trabajadores podrán acceder a más información interna sobre las empresas en las que ejercen su actividad laboral. En el caso de aquellas que empleen a más de 5.000 trabajadores en el Estado francés (o 10.000 en el mundo), podrán tener uno o dos administradores, con voz pero sin voto, en los consejos de administración.
El acuerdo alcanzado entre Gobierno, patronal y tres de los sindicatos más importantes, supone un balón de oxígeno para Hollande, en horas bajas de popularidad en las encuestas. El presidente francés buscaba un compromiso histórico a través de su receta de «más diálogo y pacto social».
Quizás el acuerdo sea histórico porque es la primera vez desde el fracaso de las negociaciones en tiempos de Mitterrand (1984) que se alcanza un tal consenso en cuanto a flexibilizar las condiciones laborales.
Los firmantes del acuerdo lo han calificado como «equilibrado» y, justo lo contrario «desequilibrado, inaceptable y generador de más paro» las partes que no lo han suscrito, los sindicatos CGT y FO.
El Gobierno tendrá que abordar ahora el camino de legislarlo. De hecho prevé presentar el proyecto de ley al Consejo de Ministros para el 8 o el 13 de marzo con el objetivo de votarlo en procedimiento de urgencia para que esté promulgada en mayo.
En ese camino, además de la oposición de los sindicatos y organizaciones de trabajadores que no comulgan con esas directrices, tendrá enfrente al PC, al Frente de Izquierda (FG) y también a los sectores más izquierdistas de sus propios parlamentarios.
No hay que olvidar, asimismo, que el PS cuenta con mayoría absoluta en la Asamblea Nacional pero no así en el Senado. A.M.
El fondo del acuerdo supone para las empresas más agilidad en los procesos de despido y más libertad a la hora de gestionar los planes sociales (ERE). En caso de «graves dificultades» podrán reducir sueldos y jornadas de trabajo.
Los trabajadores y parados tendrán más ayudas para cobertura médica y una cuenta personal para su formación. Los parados no perderán las indemnizaciones por desempleo no consumidas cuando retornen al mercado laboral.
