Como si nada hubiese ocurrido. Como si la burbuja inmobiliaria y la crisis, la cultura del pelotazo y sus consecuencias nunca hubiesen existido. Como si grandes obras públicas que prometían el maná del progreso no se hubiesen terminado convirtiendo en un agujero negro por donde se esfumaron los fondos públicos. Así reaccionan los responsables del PP en Madrid cuando se les pregunta sobre Eurovegas, el macroproyecto de casinos y hoteles que, si nada lo impide, colocará su primera piedra en Alcorcón a finales de año. Una mastodóntica iniciativa, a imagen y semejanza de Las Vegas, que está promovida por el magnate Sheldon Adelson. Los dirigentes de la derecha madrileña se han jugado todo a una carta y defienden el proyecto como un salvavidas para la maltrecha economía del Estado español. Por eso, están dispuestos a moldear cualquier normativa que incomode al acaudalado norteamericano. Una de las cuestiones más comentadas es saltarse la ley antitabaco para permitir fumar en el interior de las salas de juego. Solo un detalle. Como denuncian las plataformas que se oponen al proyecto, Eurovegas podría convertirse en un «islote fiscal» donde desaparecería cualquier control de Hacienda y que atraería todo tipo de negocios oscuros. Al PP le han salido detractores hasta entre sus tradicionales aliados: el obispo de Getafe llegó a alertar sobre la «podredumbre» de un local dedicado al juego.

El proyecto de una gran zona de casinos en el Estado español lleva dando vueltas durante cerca de siete años. Las Vegas Sands, que es como se llama la empresa de Adelson, ya funciona en la ciudad matriz, en Macao (China) y en Singapur. Se presenta como promotor de convenciones y, en el último punto de la lista de atractivos, ofrece el juego. Claro que hay que reconocer que no se conoce a los grandes complejos de la ciudad de Nevada por sus encuentros de física cuántica.

La propaganda corporativa promete beneficios infinitos: más de 260.000 empleos; 30.000 millones de euros en producción económica; 11 millones de nuevos turistas que, según los cálculos de la compañía, «gastarán un 150% más que la media sin incluir su gasto en juego». Suena al cuento de la lechera pero, al menos, al Gobierno de Ignacio González le ha convencido.

La información sobre Eurovegas se distribuye con cuentagotas desde que, en diciembre, se anunciase que se levantará en Alcorcón. Se conoce su ubicación, 750 hectáreas en el exterior de esta localidad de Madrid. Se sabe que habrán leyes especiales, como una rebaja del tipo impositivo sobre el juego, que pasará del 40% al 10%. Y poco más. En el Ayuntamiento indican que no tienen más datos que los que anunció el presidente de la Comunidad madrileña. En la empresa, que esperan a la licitación. Y en el gabinete de González, que cuentan con tener el concurso público legalizado para setiembre.

Ese es, precisamente, el primer regalo normativo del Gobierno de Madrid. Entonces aprobó los denominados «centros integrados de desarrollo», un planteamiento hecho a la medida de Adelson. Se trata, casualmente, de ofrecer ventajas fiscales a quienes promuevan megacomplejos como el de Eurovegas. Entre las exigencias del magnate están las exenciones fiscales, la modificación del Estatuto de los Trabajadores (para empleos más precarios), cambios en la Ley de Extranjería, libertad total de horarios y hasta permitir que los ludópatas puedan jugar. Toda una lista de condiciones que convierten a Adelson en un George Marshall que, a cambio de sus millones, ha logrado que las normativas se conviertan en algo hipotético.

Frente a la imagen idílica que proyectan González o David Pérez (PP), los opositores, unidos en torno a «Eurovegas no», enumeran una larga lista de contraindicaciones. Desde el impacto ambiental (parte de los terrenos corresponden a una zona no urbanizable) hasta el modelo productivo, pasando por la precariedad de los futuros empleos. «Eurovegas será una isla fiscal, basada en el blanqueo de capitales y en los negocios turbios», afirma Sol Sánchez, miembro de la plataforma, que denuncia la «opacidad» del megacomplejo. Ya han convocado diversas marchas y han interpuesto recursos, tanto por el impacto ambiental como por violar leyes de competencia o fiscales.

La respuesta del Ayuntamiento

Desde el Ayuntamiento de Alcorcón responden con soberbia. «A las manifestaciones van treinta, así que mucha oposición no hay», dicen. La estrategia comunicativa es la misma de siempre: Eurovegas es «progreso». ¿Quién iba a estar en contra del progreso? Sobre todo, con los altos índices de paro. «Esto es una empresa que cotiza en bolsa. Las críticas solo buscan hacer ruido. Tal y como estamos, no se comprende que no se apoye», repiten.

El número de empleos que generará es el argumento de peso que esgrimen tanto la empresa como el PP. En total, hablan de 260.000 puestos. Aunque esto tiene trampa. No quiere decir que todas estas personas vayan a desarrollar su labor al mismo tiempo sino que, tal y como reconocen en el Ayuntamiento, es la cifra que se calcula en todo el proceso, desde que se coloque la primera piedra hasta 2028. La situación de desesperación en un Estado desangrado por el paro se ha convertido en razón de peso.

De hecho, el Consistorio ha recibido más de 9.000 currículos desde que se hizo público el emplazamiento. ¿A dónde van todas esas solicitudes? En realidad, a un archivador que no garantiza nada. Se ha habilitado una bolsa de trabajo para los residentes y una dirección de correo electrónico para los foráneos. Si se licitan las obras, será la empresa constructora quien aporte los trabajadores. Y cuando las ruletas estén girando, será Adelson el que se seleccione los crupiers.

«Yo creo que será positivo, traerá trabajo», afirma Jesús Navarro, arquitecto de Alcorcón. No le preocupa el blanqueo de dinero; cree que se hace de todos modos. El argumento laboral pesa sobre cualquier otro. Incluso las sospechas de que el megacomplejo incrementará negocios como la prostitución o el tráfico de drogas. «¿Más drogas? No creo. Ya hay muchas», comentan en uno de los bares junto a la estación de cercanías. «La prostitución siempre ha existido», justifica Jesús de la Morena. La empresa, por su parte, elude las críticas y no realiza declaraciones. Sol Sánchez incide en su denuncia: «Esto es la marca España. Volvemos a los años 60. Nos encontramos ante un retroceso social, cultural y de derechos laborales».