El Parlament de Catalunya respondió ayer en dos direcciones a los últimos envites del Estado español, que el viernes anunció la impugnación de la Declaración de Soberanía al Tribunal Constitucional y el lunes inició el expediente para destituir al fiscal superior de Catalunya, quien ayer presentó su dimisión después de haber considerado «legítimo» aspirar a una consulta sobre el futuro de Catalunya.

Por un lado, se constituyó la ponencia parlamentaria sobre la Ley de consultas, una iniciativa de la pasada legislatura, recogida también en la hoja de ruta pactada por CiU y ERC, con la que el Parlament tratará de dotarse de la herramienta que le permita consultar a la ciudadanía sin tener que pedir el permiso de Madrid. La ponencia decidió ayer recuperar el avanzado trabajo realizado en la anterior legislatura, lo que permitirá acelerar la tramitación y presentar el proyecto de ley la semana que viene. Así lo decidieron los representantes de CiU, ERC, PSC e ICV-EUiA, en una decisión compartida también por la CUP, que no pudo asistir a la reunión. Es decir, la tramitación de la ley contará con el apoyo de 107 diputados de un total de 135. Solo PP y Ciutadans se opusieron.

En semanas

Esta tramitación acelerada permitirá tener la Ley aprobada en cuestión de semanas, lo que, previsiblemente, dará paso a una nueva impugnación al Constitucional por parte del Gobierno español. De hecho, Catalunya ya aprobó, durante el último «tripartit» una Ley de consultas por vía refrendaria que, a diferencia de la actual, requería el permiso del Estado para preguntar a los ciudadanos. Aun así, la norma se encuentra impugnada ante el TC. La segunda iniciativa catalana, esta vez por parte del Govern, consistió en recoger el guante al PSC y, tal como pidió el primer secretario de los socialistas, Pere Navarro, llevar al pleno del Parlament la resolución a favor del derecho a decidir que presentaron ante el Congreso de los Diputados. Pasado el revuelo de la Declaración de Soberanía, esta nueva resolución permitirá sumar a los socialistas catalanes al acuerdo, dibujando un amplio arco parlamentario a favor del derecho a decidir, el cual superará holgadamente la mayoría cualificada de dos tercios.

En cuanto a la polémica en torno al fiscal superior de Catalunya, Martín Rodríguez Sol, a última hora de ayer se conoció su dimisión, después de que el lunes el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, abriese el expediente para destituirlo por unas declaraciones en las que, sin mostrarse partidario de la independencia, dijo comprender la aspiración por el derecho a decidir, remarcando en todo momento que la actual legislación no lo permite.

En las horas previas, la decisión de Torres-Dulce había desencadenado las críticas de todos los partidos catalanistas y había causado estupor en buena parte de los círculos de la judicatura. Asociaciones como la Unión Progresista de Fiscales o Jueces para la Democracia habían mostrado su oposición y su preocupación por la inminente destitución de Rodríguez Sol. Desde el Gobierno, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró que el Ejecutivo no interferiría en la decisión, lo cual no convenció al Govern. Su portavoz, Francesc Homs, acusó al PP de estar detrás de la decisión de Torres-Dulce y lo instó a desmentir la supuesta reunión que habrían mantenido el lunes el fiscal general, Cospedal y Gallardón para abordar el tema.

Desde el PSOE la respuesta resultó más tibia. La número dos del partido, Elena Valenciano, prefirió no criticar el expediente al fiscal superior, señalando que las personas «con un alto grado de responsabilidad» deben destacarse por su «prudencia». Su secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, ni siquiera abordó el tema en la conferencia que ofreció en Iruñea, pero sí que dejó declaraciones novedosas en su discurso, como cuando admitió que «es difícil decirle a un ciudadano que no tiene derecho a decidir». Él mismo se encargó, más tarde, de matizar lo dicho: «En democracia hay cosas que uno no puede decidir directamente».