UPN sí puede vanagloriarse, y así lo suele hacer, de una cosa: transparencia en sus grandes citas internas. La asamblea celebrada el 5 de marzo de 1995 en el frontón Labrit de Iruñea, a puerta abierta para los medios, se convirtió en un inusitado espejo público de cómo dos facciones de un partido pueden llegarse a enfrentar de la forma más encarnizada. La situación previa recordaba mucho a la que se vive actualmente en UPN, con dos bandos enfrentados por cuestiones estratégicas, un ingrediente añadido de disputa personal, e impacto directo en el Gobierno navarro desde la misma Presidencia, dado que -como ahora ocurre con Barcina- entonces Juan Cruz Alli era uno de los contendientes.

A la espera de lo que depare la cita del domingo y la posición que adopten las bases, hay otro paralelismo evidente entre las dos grandes crisis: los indicios de corrupción sobre dirigentes del partido aparecen el centro del tapete. Ahora es la CAN y entonces era la gestión urbanística del Ayuntamiento de Iruñea. Juan Cruz Alli, empeñado en una pelea por tratar de modernizar y centrar a UPN, se lo jugó todo a una carta cuando dio pábulo a los «rumores» que señalaban al entonces alcalde y compañero de partido, Alfredo Jaime, como «10%».

El revuelo interno se puede imaginar. Jaime defendió su limpieza. La dirección de UPN puso por encima la «presunción de inocencia». Mientras, los expedientes sospechosos del Ayuntamiento de Iruñea se acumulaban sobre la mesa y algunos llegaban a la Fiscalía. La Cámara de Comptos difundía irregularidades como que en 1993 el 92% de las obras del Consistorio de UPN habían sido adjudicadas «a dedo».

Sanz, también en el epicentro

La grieta todavía se hizo más profunda cuando Juan Cruz Alli tomó una decisión inédita: el Gobierno navarro de UPN asumió vía decreto y de modo temporal la gestión urbanística del Ayuntamiento de la capital, del mismo color político. Esta maniobra atrapó en medio a Miguel Sanz, que era el consejero del ramo. De paso, hizo más evidente que en el fondo el principal adversario al que Alli quería liquidar no era Jaime, sino Sanz, que hasta entonces había sido su mayor aliado y hombre fuerte del Ejecutivo. El corellano se hizo a un lado, abandonando la consejería pero sin llegar a poner totalmente la mano en el fuego por Jaime.

Por debajo del asunto de la corrupción estaba la pugna estratégica. Desde que había sido nombrado presidente del Gobierno en 1991, Juan Cruz Alli había mantenido fuertes enfrentamientos con la cúpula de UPN, muchos de ellos por cuestiones relacionadas con el conflicto político. Apoyó una solución dialogada al litigio de la autovía Irurtzun-Andoain, acudió a un acto en honor de los defensores de la independencia en Amaiur y cerró unas jornadas de Elkarri a las que su partido había dado la espalda. Todo ello provocó fuertes encontronazos con Jaime Ignacio del Burgo o Rafael Gurrea, que ejercían como guardianes de las esencias. El aparato optó finalmente por que Alli no repitiera como candidato y que el cabeza de lista fuera Miguel Sanz.

Todo ello estalló ante las cámaras en aquella asamblea de marzo, a la que Alli acudió tras haber proclamado un día antes en una entrevista en ``Egin'' que «mi futuro en UPN no existe». Revelaba que le habían ofrecido ser senador autonómico o presidente del Consejo de Navarra, pero que «yo no me vendo por un caramelico». También acusaba tanto a Sanz como a Jaime de «ser maestros en controlar a las gentes, en eso que se ha llamado el caciquismo interno de los partidos». Su posición la defendió en la tribuna Víctor Maeztu, que entre otras cosas preguntó a la asamblea «de qué nos sirve cubrir de improperios a Luis Roldán si luego cobijamos en nuestras filas a cualquier gobernante corrupto». La bronca fue monumental, con pitos a malsalva e insultos a los críticos, como Javier del Castillo, acusado a gritos de «traidor» y «lameculos» hasta el punto de que Sanz tuvo que bajar del estrado para pedir calma a los más exaltados.

La escisión estaba servida. Poco después se ponía en marcha un nuevo partido, CDN, y Alli cambiaba de barco. Sanz se hacía con las riendas de UPN para los siguientes tres lustros. Aquellos expedientes urbanísticos sospechosos confirmados por el máximo órgano fiscalizador navarro no depararon condenas ante los tribunales. La dirección de UPN afirmó que había investigado todos los anónimos y no había hallado nada raro. Hoy, 18 años después, la historia se repite.