La presidenta de la Audiencia de Araba, Mercedes Guerrero, considera que el Tribunal Supremo español debería revisar la doctrina 197/2006 -que supone la ampliación de condena a los presos vascos- si se confirma la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, favorable a la liberación de Inés del Río. En una entrevista concedida a la agencia Efe, Guerrero matizó que, en cualquier caso, respeta las decisiones que adopte el alto tribunal español y que es la primera en acatarla.

La Gran Sala del TEDH verá el día 20 el recurso presentado por el Estado español contra una sentencia de este mismo tribunal emitida en julio en la que daba la razón a Del Río, al considerar que el alargamiento de la condena impuesta mediante la aplicación de la doctrina 197/2006 iba en contra de la Convención Europea de Derechos Humanos. Por ello, ordenaba su inmediata puesta en libertad y establecía una indemnización.

El Estado español no asumió la sentencia de julio y decidió recurrirla ante la Gran Sala de Estrasburgo. El Supremo español utilizó este recurso para rechazar la liberación de Del Río y del resto de presos vascos a los que se les han ampliado las condenas en base a la doctrina 197/2006. Según datos de Herrira, en estos momentos son 74 los presos vascos afectados por esta decisión del Supremo.

Por otro lado, Guerrero valoró el año transcurrido desde que se decidió retirar los escoltas a la mayor partes de los jueces y fiscales que ejercen en Euskal Herria tras al anuncio del cese definitivo de actividad armada por parte de ETA. En la actualidad ,solo tienen escolta los altos cargos de la judicatura.

Sin escoltas

La presidenta de la Audiencia alavesa explicó que no ha habido problemas durante este periodo y que «los profesionales de la judicatura están tranquilos».

También aseguró que se ha notado que las vacantes que se producen en Euskal Herria se cubren «sin ningún problema».

Guerrero también emplazó al ministro español de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, a «mover ficha» y a sentarse a dialogar con las asociaciones de jueces y fiscales, que el 20 de febrero protagonizaron una huelga en contra de las reformas judiciales impulsadas por el Gobierno.