Un juzgado de Ciudad de México ha dictaminado amparo para los familiares de dos de las víctimas de la matanza de 45 indígenas en Acteal, en Chiapas, en 1997, por lo que considera ilegal la petición de inmunidad diplomática planteada por el Gobierno para evitar el procesamiento del expresidente Ernesto Zedillo en Connecticut, donde se le reclaman 50 millones de dólares como reparación por los daños causados por la masacre.

El juez Ricardo Gallardo ha ordenado invalidar la solicitud, remitida en noviembre de 2011, porque viola la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, igualdad y no discriminación, ya que atribuye este tratamiento a «criterios de índole político y de excepción que generan impunidad», según la sentencia, a la que ha tenido acceso «La Jornada».