El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha confirmado la ilegalidad del procedimiento español de ejecución hipotecaria y en su resolución, de obligado cumplimiento para los jueces del Estado, concluye que se vulnera de forma clara los derechos fundamentales de los afectados y que estos no tienen mecanismos de oposición efectiva para hacer valer sus derechos en el marco del procedimiento de ejecución actual. Las implicaciones de este fallo son enormes: todos los procedimientos de desahucio deben ser paralizados de oficio y de forma inmediata y da un margen muy amplio para alegar la nulidad de los procedimientos tramitados hasta ahora.

Ante la impasibilidad y la complicidad del Gobierno de Rajoy en el drama social de los desahucios, el aval del Tribunal Constitucional, y la sordera y ceguera de un Parlamento incapaz de atender el clamor popular, Europa se ha pronunciado con claridad y ha puesto las bases para poner fina esta lacra y para hacer respetar los derechos fundamentales de los afectados. Esta sentencia da fuerza y la razón a la movilización social, a la iniciativa legislativa popular. Una muy buena noticia que solo cabe celebrar.