Hace ya tiempo que en las mesas y en los expositores de los bancos y cajas de nuestros pueblos y ciudades empezaron a aparecer, junto a los clásicos plazos fijos, otros productos financieros con atractivas rentabilidades que posteriormente han causado más de un quebradero de cabeza.

La polémica por las «preferentes» ha sido importante y ha tenido mucho eco en un momento en el que la mala praxis en el sector financiero durante las últimas décadas condiciona toda la gestión institucional del Estado. Por eso, tal vez ahora se ha confundido -intencionadamente en algún caso- el asunto de las preferentes con el de las aportaciones financieras subordinadas de Eroski y Fagor.

Antes de nada debemos contextualizar el nacimiento de dichas aportaciones. Eroski y Fagor, al tratarse de cooperativas, no pueden conseguir capital por medio de la emisión de acciones, y las aportaciones financieras son el medio que tienen para hacerlo fuera del círculo de los socios cooperativistas. Ambas cooperativas emitieron dichas aportaciones como forma de captación de capital en años de crecimiento económico, entre 2002 y 2007 -es decir, en tiempos de bonanza económica, constatable y reconocida en los casos de ambas empresas-, para financiar inversiones, generar actividad económica y, por consiguiente, también empleo.

Las preferentes, con las que algunos tratan de identificar las emitidas por las cooperativas vascas, son productos que diseñaron los grandes bancos para captar fondos con los que tapar los inmensos agujeros económicos que habían generado con su mala praxis.

Hoy, y es lo verdaderamente preocupante, nos encontramos con que algunos compradores de dichas participaciones reclaman su inversión bajo la premisa del desconocimiento del riesgo que asumían al adquirirlas.

Tenemos que decir que esta circunstancia ha propiciado una ofensiva por parte de UPyD y PSE, con el apoyo más o menos tibio del PP, contra Fagor, Eroski y, de paso Caja Laboral, buques insignia del movimiento cooperativista vasco.

La defensa de los consumidores es obligada para las instituciones y por eso reclamamos que Kontsumobide se implique para asegurarse de que los derechos de las personas que en su día contrataron las subordinadas no han sido vulnerados. Sin embargo, consideramos que UPyD y PSE aprovechen esta circunstancia para cargar contra MCC es denunciable. Sólo por este interés se entiende su empeño en citar la responsabilidad de Caja Laboral en este caso, obviando que las principales distribuidoras de este producto fueron BBVA y Banco de Santander. Todo sirve para arremeter contra lo que son las señas de identidad vasca, incluso contra las económicas.

Desde Eusko Alkartasuna subrayamos que el caso debe ponerse en manos de las autoridades de consumo, a las que pedimos que se impliquen con celeridad en aclarar si hubo consumidores que accedieron a las subordinadas sin información suficiente. De igual forma, decimos a quienes tratan de meter a éstas en el mismo saco que las preferentes, que eso es confundir a la sociedad y a quienes adquirieron estos productos.

Con quienes se sienten perjudicados o, incluso, engañados por las subordinadas, nos comprometemos a impulsar el análisis de la situación y la búsqueda de soluciones porque nuestra prioridad es defender los derechos de las personas.

A quienes pretenden utilizar el enfado de dichas personas para arremeter contra las cooperativas, les pedimos responsabilidad y respeto.